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Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2025, los migrantes enfrentan cada vez más obstáculos para ingresar al país o conservar su estatus legal. Las nuevas políticas y medidas restrictivas han configurado un escenario migratorio mucho más severo e inestable.

A esto se suma una reciente disposición del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que anunció la actualización de su Manual de Políticas.

La modificación afecta la manera en que los oficiales evalúan solicitudes migratorias en las que cuentan con margen de discreción, ya que ahora se ponen bajo la lupa ciertos comportamientos y antecedentes de los solicitantes. La medida se aplica tanto a trámites en curso como a nuevas peticiones.

¿Cuál es la nueva prueba que definirá los trámites migratorios?

La nueva "prueba" que definirá los trámites migratorios consiste en un rastreo exhaustivo de redes sociales y antecedentes para identificar posibles indicios de "actividad antiestadounidense".

La entidad explicó que amplió el número de solicitudes sujetas a estas revisiones, advirtiendo que cualquier señal de apoyo, promoción o simpatía hacia ideologías o grupos antiestadounidenses, o antisemitas, tendrá un peso negativo en la evaluación discrecional. Si el resultado es adverso, la consecuencia puede ser la negación del beneficio migratorio.

Además, la agencia recordó que al ejercer esa discreción también se tendrán en cuenta factores como el cumplimiento previo de las leyes migratorias, intentos de ingreso y posibles vínculos con organizaciones terroristas. Esta actualización no crea una nueva causal de inadmisibilidad, pero sí endurece los criterios de análisis en expedientes que antes podían resolverse.

¿A quiénes afecta primero? Estudiantes, trabajadores y hasta inversionistas

Mediante un Policy Alert, Uscis detalló cómo aplicará esa discreción en casos de extensiones y cambios de estatus, reinstalaciones de estatus F o M (para estudiantes), determinados beneficios laborales y el programa de inversionistas EB-5, sobre todo cuando se identifiquen riesgos para el interés nacional, fraude o uso indebido del sistema.

El documento establece escenarios específicos y factores que los oficiales deben tener en cuenta al tomar una decisión.

La política actualizada entró en vigor el 19 de agosto y se aplica tanto a solicitudes pendientes como a aquellas presentadas a partir de esa fecha. De forma paralela, la oficina precisó que la revisión de redes sociales abarcará también la detección de actividades consideradas antisemitas o antiestadounidenses.

Frente a esta medida, organizaciones y expertos han alertado sobre los riesgos que puede implicar para la libertad de expresión, así como sobre los posibles sesgos en su aplicación práctica.