La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la validez de una normativa administrativa que impone a las autoridades fiscales tanto nacionales como locales la obligación de comunicar de manera precisa cómo, cuándo y dónde se detectan irregularidades durante los actos de fiscalización. Con esta decisión, la SCJN proporcionó certeza jurídica a los contribuyentes y respaldó la actuación de los organismos de control, como el Servicio de Administración Tributaria, SAT, al considerar que esta medida se encuentra en consonancia con la Constitución y el Código Fiscal de la Federación. El Pleno de la SCJN validó la regla 2.9.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, la cual establece “el lugar, fecha y hora en que la autoridad debe informar a las personas contribuyentes sobre los hechos u omisiones detectadas durante un procedimiento de fiscalización”. De acuerdo con el comunicado, la Suprema Corte determinó que esta disposición “es acorde con la Constitución Política Federal y con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación”, que regula las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. El máximo tribunal aclaró que no es necesario que la regla administrativa describa cada paso del procedimiento, ya que “esos elementos están regulados en la propia ley”, por lo que no se vulnera el principio de legalidad. La SCJN destacó que la norma garantiza la seguridad jurídica, ya que brinda a las personas contribuyentes “información suficiente para conocer su situación fiscal y decidan si corrigen, buscan un acuerdo conclusivo o impugnan los actos de autoridad”. En el caso concreto, la Suprema Corte confirmó la negativa de amparo a una empresa fiscalizada en Chihuahua y concluyó que la aplicación de la regla es válida “siempre que se respete la ley y los derechos de las personas contribuyentes”. El asunto quedó asentado en el Amparo Directo en Revisión 5803/2025, resuelto el 22 de enero de 2026.