El año 2026 se presenta como un punto de inflexión para la Argentina o de consolidación de un proceso iniciado en diciembre de 2023. Luego de dos años de avances significativos en materia de estabilización macroeconómica y desregulación, el país enfrenta una nueva etapa: la de implementar definitivamente las reformas estructurales que definirán si la senda de recuperación puede consolidarse en búsqueda de una transformación definitiva de nuestro país.
La Argentina llega a este momento con señales alentadoras. La política fiscal del superávit, la desaceleración inflacionaria, las múltiples desregulaciones y la normalización de la política comercial de las empresas son logros altamente valorados y reconocidos. Sin embargo, no alcanzan por sí solos para garantizar competitividad ni atraer inversiones de largo plazo.
El desafío que tenemos por delante es más profundo: construir un marco institucional y normativo que brinde previsibilidad, fomente la competitividad y consolide una economía moderna, integrada y estable.
Desde AmCham Argentina, cámara que representa a más de 700 compañías, entendemos que 2026 debe ser el año en que la dirigencia argentina asuma la responsabilidad de impulsar las transformaciones que nuestra estructura productiva demanda desde hace décadas. Los pedidos ya son impostergables.
Reformas laboral y tributaria: el corazón del cambio
Las reformas laboral y tributaria son el corazón de ese proceso. La primera, porque nuestro marco normativo actual no refleja la realidad del mundo del trabajo. Cuatro de cada diez trabajadores se encuentran en la informalidad, y los costos y litigios asociados a la contratación formal desalientan la creación de empleo.
Modernizar la legislación laboral no implica desproteger derechos, sino todo lo contrario: garantizar que más argentinos accedan a empleos formales, de calidad y con futuro.
Una reforma laboral integral debe promover la empleabilidad, reducir la litigiosidad y facilitar la incorporación de nuevos talentos a un mercado en transformación, donde la tecnología, la flexibilidad y la capacitación continua son pilares del crecimiento.
Del mismo modo, la reforma tributaria resulta ineludible. Hoy, las empresas que operan en Argentina enfrentan una de las cargas fiscales más altas del mundo. La presión tributaria equivale al 29,4% del PBI, superando a la mayoría de los países de la región, sin que ello se traduzca en servicios estatales eficientes ni en un entorno de negocios previsible.
Necesitamos un sistema simplificado, transparente, equitativo y eficiente, que premie la inversión y castigue la informalidad. Un esquema tributario moderno no solo mejora la competitividad, sino que también fortalece la relación entre el Estado, las empresas y todos los argentinos.
Competitividad, infraestructura y un marco regulatorio confiable
Pero las reformas no se agotan ahí. La Argentina requiere un marco regulatorio confiable, modelos que incentiven la inversión en infraestructura y que reduzcan los costos de transporte, aprovisionamiento y logística. También necesita una estrategia de desarrollo productivo orientada a una matriz exportadora que capitalice nuestras ventajas competitivas: energía, agroindustria, minería y economía del conocimiento.
Nuestro país cuenta con recursos naturales estratégicos y talento humano calificado; lo que necesita es previsibilidad, reglas claras y acceso a mercados de capitales que le permitan sostener el crecimiento.
En el plano global, la reconfiguración de las cadenas de valor y las políticas de nearshoring y friendshoring abren oportunidades inéditas. Estados Unidos y otras economías desarrolladas buscan diversificar sus fuentes de suministro y fortalecer vínculos con socios confiables.
En ese contexto, la Argentina puede y debe ocupar un lugar relevante en el mapa, siempre que logre reducir su riesgo país, bajar el costo de financiamiento, mejorar su institucionalidad y consolidar un entorno de negocios abierto y competitivo.
Un nuevo contrato económico y social
No hay desarrollo posible sin diálogo. La construcción de un modelo económico sostenible exige consensos amplios entre el sector público y el privado. En ese sentido, el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen la responsabilidad histórica de acordar una agenda común que priorice las transformaciones estructurales por sobre las urgencias coyunturales, políticas o electorales.
Necesitamos, de una vez por todas, que la Argentina implemente políticas sostenibles a largo plazo. Debemos erradicar el formato de país pendular que venimos padeciendo desde hace más de 30 años.
Desde AmCham, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar este proceso. Creemos en una Argentina integrada al mundo, con competitividad, talento y previsibilidad. Una Argentina que genere confianza, atraiga inversiones y ofrezca oportunidades a las nuevas generaciones.
Este puede ser el año en que el país consolide un nuevo contrato económico y social, basado en la productividad, la transparencia y el crecimiento inclusivo. Dependerá de nuestra capacidad colectiva para sostener las reformas, preservar la estabilidad y construir una economía moderna y abierta que nos devuelva la esperanza en un futuro posible.