El gobierno brasileño propondrá el fin de la garantía del beneficio previsional integral a 1,1 millón de funcionarios públicos nacionales activos, en caso de que el Congreso no apruebe la reforma previsional para el sector de empleo público.

La advertencia surge de la presión financiera que la jubilación de 550.000 empleados provocará en los próximos cinco años en las cajas de Estado, ampliando el elevado déficit anual de R$ 52.000 millones en el régimen de previsión del empleo público.

Esa es la proyección de saldo negativo para 2011, que se genera por el mantenimiento de las jubilaciones y pensiones de 950.000 jubilados del sector público.

El secretario de Políticas de Previsión Complementaria, del Ministerio de Previsión Social, Jaime Mariz, refuerza que la alternativa para evitar la expansión de ese rojo es la aprobación de una reforma del sistema previsional del sector público, propuesta en el proyecto de ley 1992, de 2007.

Esa propuesta instituye un nuevo régimen de jubilación para los empleados, a través de la creación de un fondo de pensión único para los tres Poderes del Estado, modelo al que siempre se opusieron las asociaciones de empleados, que prefieren fondos separados para los funcionarios de cada Poder.

Hoy es posible hacer un cambio de reglas para los próximos funcionarios públicos. No estamos en crisis y Brasil pasa por un momento económico bueno. Si esos números se deterioran mucho, es probable que no tengamos más la oportunidad de hacer esto sin cambiar las reglas de juego durante la partida, advirtió el secretario.

Entendemos que ahora es el momento ideal para reglamentar la reforma, porque la reposición de los 550.000 funcionarios públicos se realizará bajo la nueva regla, agregó.

Para 2011, el gobierno nacional intenta mantener el déficit previsional del sector público estable combatiendo los pagos indebidos. El año pasado, el ingreso obtenido con el descuento de 11% en los rendimientos de los funcionarios públicos nacionales alcanzó R$ 22.700 millones. Pero el gasto con el mantenimiento de las jubilaciones sumó R$ 73.700 millones.

El rojo de R$ 52.000 millones de 2010 fue resultado de un sistema armado para costear beneficios para menos de 1 millón de empleados públicos inactivos, que reciben, en promedio, pensiones y jubilaciones mensuales de R$ 9.200.

La previsión social de los funcionarios nacionales contrasta con el Régimen General de Previsión Social, que transfiere beneficios previsionales mensuales a 28 millones de jubilados y pensionados, que reciben R$ 769, en promedio, por mes.

En la reforma propuesta por el gobierno, los concursados admitidos después de la aprobación del proyecto tendrán la jubilación garantizada hasta el techo de R$ 3.689,66, límite estipulado para el Régimen General de Previsión Social. Si pretendieran un beneficio superior, los empleados tendrán que participar de un fondo de pensión, con contribución paritaria para el funcionario y el Estado hasta 7,5% sobre la remuneración.

Como ese proyecto de ley tramita en el Congreso desde 2007 -y frente a la presión del gran contingente de las jubilaciones previstas para los próximos meses-, el gobierno evalúa que, si la nueva regla no se aprueba, será necesario alterar la propuesta e introducir normas con vigencia inmediata.

La meta es hacer la recomposición de los 550.000 funcionarios que se jubilarán bajo la nueva regla, para que los admitidos ingresen en el sector público con la previsión complementaria en vigor.

La defensa del gobierno por la aprobación de la reforma fue seguida de una acción para acelerar la tramitación del proyecto de ley 1992 en el Congreso. La propuesta fue reactivada en marzo y colocada en análisis en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El presidente de la comisión y relator de proyecto, diputado Silvio Costa, del Partido Laborista Brasileño (PTB), favorable a la reforma, espera colocar la propuesta en votación a partir del 22 de junio.

Del total de 25 votos en la comisión, precisa 13 para aprobar su parecer. Votar ese proyecto es una cuestión de responsabilidad pública, porque si el actual sistema no se altera, el sistema previsional no tendrá dinero para bancar esas jubilaciones, advirtió el diputado.