La moratoria de la soja, el acuerdo firmado entre productores, tradings y organizaciones ambientalistas, con el objetivo de llegar a la deforestación cero en Amazonia, está condicionada a que el Congreso brasileño apruebe el nuevo Código Forestal. Fuentes de la industria afirmaron que este no tendrá sentido si entran en vigor reglas más permisivas con la tala de árboles. La premisa del sector es que la moratoria de la soja no puede ser más restrictiva que la misma legislación brasileña.
Firmado en 2006, el acuerdo venía sobreponiéndose a la ley. El Código Forestal actual, estipula que una propiedad rural localizada en el bioma Amazonia puede deforestar apenas 20% de su área total y prohíbe agricultura y pecuaria en reas de Preservación Permanente (APP), como orillas de río y topos de morros. La moratoria fue más lejos: la deforestación debería ser cero.
El consentimiento que dieron entonces los productores, industrias y tradings a la regla puede explicarse por dos factores. En 2006, los precios de la soja estaban en niveles bajos (u$s 5,50 por bolsa contra u$s 13,60 de hoy). Además, o principalmente a causa de eso, había una fuerte presión de los minoristas europeos por el origen de las materias primas oriundas de Brasil. Nadie quería ser acusado de contribuir a la desaparición de la selva tropical más grande del planeta.
Al inicio la tolerancia cero con la desforestación se necesitaba porque la mayoría de las propiedades rurales no pueden localizarse con precisión, ni saber la extensión de los campos.
Pero el escenario cambió. Con precios tan atractivos y un mundo ávido por soja, sobre todo China, a quien no preocupan temas ambientales ajenos, la cadena de soja quiere tener el derecho de plantar donde el gobierno diga que puede.
