Las frecuentes denuncias de irregularidades contra el gobierno brasileño y la forma en que el Palacio do Planalto trata tales acusaciones hizo que ministros, legisladores de la propia base gubernamental y analistas políticos se preguntaran si la administración de Dilma Rousseff está inaugurando un nuevo modelo de presidencialismo de coalición.
De acuerdo a ese modelo, la presidenta tendría menos y los partidos más responsabilidades de lo que ocurre en cada área. La reforma ministerial que se supone promoverá la presidenta en enero podrá dar una señal acerca de si consolidará la actual fórmula o iniciará 2012 con un nuevo modelo de gestión.
El problema de Dilma es que entró en el gobierno sobre las alas del (ex presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva), comentó el analista político David Fleischer, de la Universidad de Brasilia. Ella mostró en junio y julio que no sería así, y en 2012 impondrá más su estilo.
Apenas asumió, la presidenta afirmó en enero a interlocutores que sabía acerca de las rejillas por donde se escurren los recursos públicos y qué hacer para establecer los mecanismos de control necesarios para reducir la corrupción en la máquina administrativa. Luego de cerca de once meses, denuncias de corrupción publicadas por la prensa provocaron la caída de cinco de sus 38 ministros y avalaron a otros dos.
En algunos de esos casos, Dilma hasta aprovechó las acusaciones públicas contra ex auxiliares para sustituir a quien hubiera preferido no haber designado. En otros, en el intento de preservar la alianza partidaria que le da sustento político en el Congreso, se esforzó para mantener a los ministros acusados.
Pedro Novais, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y Alfredo Nascimento, del Partido de la República (PR), que ocuparon respectivamente los ministerios de Turismo y de Transportes, integran el primer grupo.
En tanto, el ex ministro de Deportes, Orlando Silva, de Partido Comunista de Brasil (PCdoB) está en el segundo grupo. Carlos Luppi, del Partido Democrático Laborista (PDT) y ministro de Trabajo, resiste con la ayuda de sectores del gobierno que no quieren nuevamente ceder a las denuncias de la prensa. Otro objetivo es el ministro de las Ciudades, Mário Negromonte, del Partido Progresista (PP).
Aunque para algunos integrantes de la cúpula del gobierno, las acusaciones son apenas un acto de mala voluntad de los medios de comunicación en relación a la administración de Rousseff, otros observadores del medio político atribuyen las crisis a la forma en que Dilma construyó la coalición partidaria que la sostiene en el Congreso.
Históricamente, explicó un experimentado político que integra el primer escalón del gobierno, los presidentes de la República convencieron a los partidos políticos a acoger sus opciones para el gabinete como indicaciones de las leyendas, prometiendo recompensas a los aliados durante el mandato.
Pero Dilma aceptó que alas de los partidos aliados se responsabilizaran integralmente por la indicación de algunos de sus ministros. La presidenta concentra sus atenciones en el seguimiento de las acciones que considera prioritarias y en el tema que más le preocupa, la crisis financiera internacional y sus efectos sobre la economía brasileña.
La presidenta se reunió poco con algunos de sus 38 ministros, dejando a una parte de sus subordinados a voluntad para trabajar en sus carteras. Según los críticos del actual modus operandi, el resultado es que prevalecieron los intereses de los partidos políticos.
Orlando Silva y Carlos Luppi, por ejemplo, fueron acusados de haber beneficiado a organizaciones no gubernamentales relacionadas al PCdoB y PDT. Esas denuncias fueron rechazadas por los protagonistas y por ambos partidos. En el caso del ministro de Turismo, Gastao Vieira (PMDB), enfrentó una crisis con la bancada de su partido en la Cámara de Diputados al intentar nominar a una persona de su confianza para un cargo estratégico en el segundo escalón de la cartera. Vieira casi perdió el apoyo político del PMDB en Diputados por su pretensión de indicar a una persona de acuerdo a los intereses del ala de Bahia de la bancada.
Dicen que éste es un gobierno de coalición. ¿Pero dónde está el programa?, cuestionó el diputado Miro Teixeira, del PDT de Rio de Janeiro, integrante de la base aliada y del partido del ministro Luppi. Un programa podría unificar la administración, incluso a pesar de que continuara en las manos de las bancadas.