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Usar agua de forma no autorizada en California puede terminar en una causa penal si el distrito local declaró una emergencia por escasez. Bajo esas condiciones, los residentes conectados al servicio quedan sujetos a inspecciones de sus medidores y a sanciones si se detectan conexiones ilegales.
El respaldo legal está en el artículo 31029 del Código de Aguas de California, que habilita a los distritos de condado a fiscalizar el cumplimiento de sus propias ordenanzas de emergencia hídrica. La fiscalización solo aplica en los distritos que efectivamente declararon la restricción, y solo mientras esa declaración siga activa.
¿En qué consiste el control de los medidores de agua?
Cuando un distrito declara la emergencia, queda habilitado a chequear cuánta agua consume cada vivienda conectada, comparando ese registro contra los topes fijados por la restricción. La verificación se hace medidor por medidor, sin excepciones dentro del área declarada.
Cualquier uso que exceda esos límites, o que provenga de una conexión no autorizada al sistema, queda alcanzado por la norma. La ley no distingue el motivo del exceso: alcanza tanto al consumo irregular como a la conexión ilegal en sí misma.
¿Qué sanción corresponde por una conexión ilegal de agua?
La infracción se clasifica como delito menor (misdemeanor) dentro del Código de Aguas del estado. Quien resulte responsable puede recibir hasta 30 días de arresto en la cárcel del condado, una multa de hasta u$s 600, o ambas penas combinadas.
La obligación de cumplir con los topes de consumo —y el riesgo de sanción— se extiende hasta que el propio distrito derogue la ordenanza de emergencia. Levantada la restricción, deja de regir también la fiscalización sobre los medidores.
