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El Código Revisado de Washington (RCW) en Estados Unidos incluye dentro de sí una cantidad inmensa de normas y legislaciones vigentes dentro del Estado. La contaminación de las fuentes de agua potable está contemplada como delito en el título 70 sobre Salud y Seguridad Pública
La norma alcanza tanto a acciones intencionales como a situaciones en las que una persona permite que se arrojen materiales con potencial tóxico a ríos y otras fuentes de agua, sean públicos o privados.
Castigarán una por una a las personas que tiren basura en las aguas de Washington: ¿Qué establece la ley en Washington?
En el título 70 del RCW, dentro del capítulo 70.54 sobre Disposiciones Diversas de Seguridad y Salud, está el artículo 70.54.010: “Toda persona que deposite o permita que se deposite en cualquier fuente de agua dulce que sean o puedan ser utilizadas para fines de consumo (...), cualquier materia o cosa que sea peligrosa o nociva para la salud (...), será culpable de un delito menor grave”
Dentro de esta prohibición se incluyen:
- Manantiales.
- Pozos.
- Arroyos.
- Ríos.
- Lagos destinados al abastecimiento de agua potable.
- Cuencas o áreas de captación de sistemas públicos y privados de suministro de agua.
Como “materia o cosa que sea peligrosa o nociva para la salud” se entiende:
- Aceites y combustibles.
- Productos químicos.
- Residuos industriales.
- Sustancias tóxicas.
- Cualquier otro material capaz de alterar la calidad del agua o hacerla insegura para el consumo.
Por orden del Gobierno: ¿De cuánto son las sanciones por tirar basura en las aguas de Washington?
Como se establece en la normativa, dicho comportamiento se clasifica como un Delito Menor Grave dentro del estado de Washington. Esto quiere decir que la persona que se comprometa en estas actividades puede recibir multas de hasta 5,000 dólares y/o hasta un año en una cárcel del condado. Los jueces también pueden imponer libertad condicional, servicio comunitario y el pago de restitución a las víctimas.
Con esta norma, se busca desalentar estas conductas ya que pueden comprometer la seguridad del agua potable y generar riesgos para la salud pública, afectar a los ecosistemas acuáticos y provocar gastos extra para el tratamiento y recuperación de la fuente de agua.
