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Estados Unidos activó una medida oficial que permite confiscar pasaportes a ciudadanos y extranjeros naturalizados en circunstancias muy puntuales. La resolución, que involucra al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Departamento de Estado, se orienta a reforzar el cumplimiento de obligaciones federales vinculadas al sistema tributario.
El mecanismo autoriza acciones directas sobre documentos de viaje cuando se detectan situaciones fiscales de alto riesgo, lo que convierte esta política en una de las más estrictas del ámbito migratorio y financiero.
¿Por qué Estados Unidos confisca pasaportes y a quiénes afecta?
La confiscación o revocación del pasaporte se activa cuando un contribuyente posee una deuda tributaria federal gravemente morosa, superior a u$s 64.000 y legalmente ejecutable. Tras la certificación del IRS, el Departamento de Estado puede negar, retener o anular el documento.
La medida abarca impuestos personales, multas y ciertas deudas empresariales. Quedan exceptuados quienes tengan planes de pago activos, acuerdos formales, revisión administrativa pendiente, robo de identidad fiscal, bancarrota o residencia en zonas declaradas de desastre federal.
¿Qué deben hacer los contribuyentes para evitar la confiscación del pasaporte?
Antes de la certificación, el IRS envía el aviso CP508C. Desde ese momento, toda solicitud de pasaporte puede quedar en pausa por 90 días, periodo en el que el contribuyente puede pagar, corregir datos o acordar un plan con la autoridad fiscal.
En situaciones de viaje urgente, es posible solicitar una reversión acelerada. Para ello se exige prueba de viaje y copia del aviso del Departamento de Estado. Si se aprueba, el IRS emite el aviso CP508R, que restablece el estatus del pasaporte.
Opciones para revertir la certificación:
- Pagar el monto total.
- Activar un plan de pagos aprobado.
- Impugnar un cálculo incorrecto.
- Presentar comprobantes de pago o esperar la aplicación del reembolso.