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California activó, desde el 1 de julio, un nuevo paquete de leyes que cambia de manera directa la vida cotidiana de millones de residentes.
Las medidas abarcan áreas clave como alquileres temporales, salarios mínimos, salud pública y comercio electrónico, además de reforzar la protección al consumidor frente a suscripciones digitales y fraudes en línea.
California activó un nuevo paquete de leyes:
Suscripciones digitales bajo la lupa
Con la Ley AB 2863, las empresas que ofrecen suscripciones en California ya no podrán renovar automáticamente tras un período de prueba sin un consentimiento claro del usuario. Esto significa que los cobros inesperados quedarán en el pasado, dándole más control a los consumidores sobre sus gastos.
Reglas para el comercio electrónico
Otra de las reformas apunta a las plataformas de comercio digital. Sitios como eBay y Facebook Marketplace tendrán la obligación de colaborar con las autoridades cuando se detecte la venta de artículos robados. El objetivo es frenar el mercado ilegal y brindar mayor seguridad a los compradores.
Cambios en alquileres y salarios
Los alquileres temporales a través de plataformas como Airbnb ahora deberán mostrar con total transparencia todas las tarifas adicionales, incluidas las de limpieza. Los anfitriones que oculten costos podrán enfrentar multas de hasta 10.000 dólares.
En paralelo, varias ciudades elevaron el salario mínimo: en San Francisco y Berkeley llega a 19,18 dólares por hora, mientras que en Fremont sube a 17,75 dólares, un incremento que impacta en miles de trabajadores.
Salud pública y nuevos derechos
El paquete legislativo también se enfoca en el acceso a la salud. Desde este año, las credenciales escolares deberán incluir la línea directa 988, un número de emergencia para crisis de salud mental.
Además, las empresas con más de 100 empleados estarán obligadas a ofrecer cobertura para tratamientos de fertilidad, una demanda histórica de colectivos que reclamaban igualdad de acceso a procedimientos médicos de alto costo.
Por otro lado, la Ley CARE amplía las facultades de los jueces para ordenar programas de apoyo a personas con trastornos mentales no tratados, fortaleciendo la red estatal de asistencia en salud mental.
