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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha comunicado una nueva normativa que comenzará a aplicarse el 26 de diciembre. Esta medida tiene como finalidad reforzar los protocolos de seguridad nacional implementados en los aeropuertos.
La normativa establece la recopilación de datos biométricos de extranjeros al ingresar y salir del país, sin excepciones. Su propósito es identificar, por ejemplo, individuos catalogados como criminales, terroristas o visitantes ilegales que han sido deportados anteriormente, con el fin de optimizar los procesos de admisión.
Nueva norma en Estados Unidos: retención de datos personales por hasta 75 años
De acuerdo con lo detallado por las autoridades en un comunicado oficial, se ampliará la biometría facial y la tecnología avanzada para la verificación de identidad con el fin de fortalecer los protocolos de entrada y salida al país por medios como aire, tierra o agua.
El control es generalizado para todos los extranjeros y, en caso de que no existan inconvenientes, es un paso más de los protocolos estándar al llegar o salir de Estados Unidos.
En esa línea, la participación de los ciudadanos estadounidenses es opcional. De involucrarse, sus fotografías se descartan en un plazo de 12 horas, mientras que, en el caso de los no ciudadanos, sus fotos se conservan por hasta 75 años, por lo que serán fácilmente identificables durante ese tiempo cada vez que quieran viajar.
¿Cuál es el propósito de Estados Unidos al implementar esta nueva medida?
“Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, indican las autoridades.
Así, el sistema buscará constatar previamente y de manera exhaustiva la identidad del viajero para poder impedir su ingreso al país y tomar las medidas necesarias cuando su presencia se considere una amenaza para la seguridad nacional.