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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha confirmado la apertura de una investigación estatal contra cinco escuelas de conducción comercial, que han sido acusadas de certificar a conductores no calificados, incluyendo aquellos que no dominan el idioma inglés, lo que representa una violación de la normativa federal y estatal.
La acción implica que los conductores con licencias CDL emitidas por estas entidades se encuentran bajo indagación y podrían perder su autorización para operar vehículos de carga en el estado.
La Oficina del Fiscal General ha emitido órdenes de investigación civil, comúnmente conocidas como CIDs, contra EP Texas Trucking School, Trucker Certified LLC, Fast Track CDL LLC, CDLCALL.COM LLC y Lindenwood Education System (Ancora).
Los hallazgos preliminares indican que diversas de estas instituciones han desestimado los requisitos relacionados con el dominio del idioma inglés, han reducido drásticamente los programas de formación por debajo de los estándares del sector y, en algunos casos, han falseado su estatus como entidades certificadas.
¿Qué requisito se infringió y cuáles son las razones para la cancelación de las licencias de conducir?
La normativa federal establece que todo titular de una licencia CDL debe poseer habilidades en la lectura y conversación en inglés que le permitan comunicarse eficazmente con el público, interpretar señales viales, interactuar adecuadamente con autoridades y completar formularios oficiales.
No obstante, la investigación reveló que al menos una de las instituciones educativas —EP Texas Trucking School, con ubicaciones en Odessa y El Paso— comunicaba a sus candidatos que no era necesario dominar el inglés para finalizar el programa y promovía sus servicios exclusivamente en español.
Adicionalmente a la barrera lingüística, las autoridades señalaron otras irregularidades significativas:
- Plazos de entrenamiento reducidos: algunos programas ofrecían capacitación en tan solo 20 días, mientras que el estándar en la industria es de tres a siete semanas.
- Certificación no legítima: varias entidades se presentaban como instituciones certificadas sin contar con dicha acreditación.
- Publicidad engañosa: se ofrecía capacitación a individuos que no cumplían con el perfil legal exigido.
Estas acciones constituyen violaciones a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas y representan un riesgo directo para la seguridad pública, según lo manifestado por la fiscalía.
¿Quiénes son objeto de investigación y cuáles son las posibles consecuencias para sus licencias de conducir?
Las cinco escuelas investigadas operan en diversas ciudades de Texas: Trucker Certified cuenta con sedes en Pampa, Amarillo, Plainview y Borger; Fast Track CDL opera en Garland; CDLCALL se encuentra en San Antonio; y Ancora tiene su oficina central en Arlington.
Debido a que sus egresados se distribuyen a lo largo de todo el estado —incluyendo los principales centros de carga como Dallas-Fort Worth y Houston—, el alcance de la investigación podría impactar a miles de conductores activos.
El fiscal Paxton fue claro respecto a las consecuencias: “Asignar a individuos que no dominan el idioma inglés la tarea de conducir camiones de 18 ruedas en Estados Unidos puede constituir serios riesgos para la seguridad pública. Mi oficina se encuentra realizando una investigación exhaustiva sobre estas instituciones y tomaré las acciones pertinentes para asegurar que únicamente conductores calificados y angloparlantes operen vehículos comerciales en nuestras vías”, declaró.
La Oficina del Fiscal General notificó que implementará todas las acciones legales necesarias, lo cual podría incluir la revocación de licencias para conductores que no satisfagan los requisitos establecidos.