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El gobierno de Florida confirmó una medida que impide volver a clases a cualquier estudiante universitario que haya apoyado a grupos designados como organizaciones terroristas. La ley, firmada por el gobernador Ron DeSantis, también obliga a las universidades a reportar ante ICE a los alumnos expulsados que estudien con visa.
La norma le da al director del Departamento de Seguridad de Florida la facultad de designar a un grupo como organización terrorista, con aprobación del gobernador y tres miembros del gabinete estatal. Una vez designado, el grupo pierde todo financiamiento público y puede ser disuelto por completo.
¿Qué deben haber hecho los estudiantes para ser expulsados?
La ley apunta a quienes sean identificados como miembros o simpatizantes activos de grupos que el Estado clasifique como terroristas, tanto nacionales como extranjeros. No se requiere una condena penal: alcanza con la designación estatal para que la universidad proceda a la expulsión.
Para alumnos extranjeros con visa, las consecuencias van más lejos. Las instituciones tienen la obligación de notificar su caso a ICE, lo que puede derivar en un proceso de deportación inmediato.
¿Qué pasa ahora con las universidades y los estudiantes en riesgo?
Las universidades deben implementar mecanismos internos para detectar vínculos con grupos designados y cumplir con la obligación de reporte migratorio. El incumplimiento puede acarrear consecuencias legales para las propias instituciones.
Organizaciones como PEN America advirtieron que el lenguaje vago de la ley pone en riesgo a estudiantes que simplemente participen en protestas o critiquen a funcionarios del Estado. Según la organización, la norma podría “enfriar la educación en todos los niveles” y alcanzar incluso programas académicos que aborden el tema del terrorismo como objeto de estudio.