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El Gobierno de los Estados Unidos mantiene leyes muy estrictas sobre el cuidado de los billetes de dólar en el país. Quienes atenten contra la integridad de los ejemplares pueden ser acusados de defraudar a la nación y enfrentar, en consecuencia, años de prisión.

La Oficina de Grabado e Impresión (BEP) es la entidad que se encarga de evaluar el estado de los billetes y, en caso de que amerite, autorizar el canje de los mismos cuando se trata de dólares mutilados.

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De esta forma, las autoridades cuentan con las herramientas necesarias para identificar cuándo el billete se dañó con propósito de estafar al Gobierno.

Adiós al dólar: el Gobierno sanciona y dicta años de prisión a quienes hacen esto con los billetes

La Oficina de Grabado e Impresión, responsable de la producción del papel moneda de Estados Unidos, advierte que todo billete debe conservar más de la mitad de su superficie original para ser considerado válido. Si está mutilado o alterado, puede ser rechazado para su canje o reposición.

El BEP aclara que un billete quemado, cortado, pegado o deformado puede presentarse a evaluación solo si se puede verificar su autenticidad y el valor original. En caso contrario, se considera inutilizado para reemisión, y si se demuestra que hubo intención de dañarlo, puede implicar consecuencias legales.

Estas condiciones buscan mantener el orden y la confianza en el sistema monetario, evitando que la manipulación física del dinero se convierta en un método para defraudar o alterar el circuito financiero.

Qué establece la ley federal sobre la alteración de billetes

La legislación estadounidense, específicamente el Título 18, Sección 333 del Código de los Estados Unidos, establece que cualquier persona que mutila, corta, desfigura, perfora, une o pega billetes, o realiza “cualquier otra acción” que los haga inadecuados para su circulación, comete un delito federal.

Es decir, si existe la intención de dañar un billete para que no pueda volver a circular, el responsable puede ser multado y encarcelado hasta por seis meses. Este precepto busca desalentar cualquier conducta que afecte el valor del dinero emitido por bancos nacionales o por el propio sistema de la Reserva Federal.

El espíritu de esta ley no solo apunta al daño físico, sino también a prevenir el fraude financiero y las prácticas que socavan la estabilidad económica del país. Cualquier acto que afecte la integridad del papel moneda se interpreta como una acción contra el sistema federal.