Durante la primera semana de febrero de 2026 la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la implementación de una medida que modifica un programa que brindaba un gran alivio financiero a muchos usuarios. Se trata de medidas cuyo objetivo es reducir el impacto de la inflación en los hogares. La que más llamó la atención fue la del Programa de Asequibilidad Energética (EAP), que aplicaba una medida conocida como la regla de los 100 pies. El EAP establece que la carga energética de los hogares elegibles no debe superar el 6% del ingreso familiar. Para acceder al programa, los clientes de servicios públicos deben contar con ingresos inferiores al promedio estatal o, en el caso de quienes reciben servicio de Con Edison, National Grid Metro o National Grid Long Island, ubicarse por debajo del ingreso medio del área. En este marco, también se eliminó la llamada “regla de los 100 pies”, una normativa que obligaba a los usuarios residenciales a pagar parte del costo de extender la red de gas natural cuando la conexión se encontraba a más de 100 pies de su vivienda. Los subsidios a nuevas conexiones de gas residencial en Nueva York se eliminarán porque el estado considera que el sistema vigente era injusto para los usuarios actuales. Durante años, a través de la llamada “regla de los 100 pies”, los costos de extender la red de gas para nuevas viviendas se repartían entre todos los clientes de las empresas de servicios públicos, incluso entre quienes no solicitaban una nueva conexión ni se beneficiaban de ella. Con la nueva ley, el objetivo es evitar que los consumidores existentes sigan financiando las conexiones de terceros y reducir el impacto de esos costos en las facturas mensuales. A partir de ahora, quienes soliciten una nueva conexión de gas deberán asumir el costo total de la instalación, sin que este se traslade al resto de los usuarios, en línea con una política energética que busca mayor equidad y un uso más eficiente de los recursos. La ley fue firmada en diciembre de 2025, pero su aplicación se pospone por 12 meses, por lo que entrará en vigor en diciembre de 2026. La medida se aplicará exclusivamente a edificaciones residenciales.