En esta noticia
Un nuevo paquete de disposiciones estatales en Florida impulsa una batería de proyectos que buscan endurecer los controles contra los migrantes indocumentados, reforzar sanciones y limitar el acceso a derechos básicos, en una ofensiva que ya genera preocupación entre organizaciones civiles y comunidades migrantes.
El gobernador Ron DeSantis busca dar giros más duros en la legislación migratoria de Florida en los últimos años, con impacto directo en trabajadores, estudiantes y familias enteras.
Nueva ley en Florida dificulta la residencia de inmigrantes indocumentados y aplica sanciones económicas
El Gobierno estatal de Florida apunta a restringir aún más la permanencia de inmigrantes sin estatus legal. Entre las medidas que están sobre la mesa se encuentran mayores castigos para empresas que contraten trabajadores indocumentados, controles más estrictos sobre la verificación de identidad y límites al acceso a determinados servicios públicos.
Con la ambición de implementar nuevas metodologías de “auto-deportación”, endurecerán las penalidades económicas y administrativas para empleadores, incluyendo multas elevadas y la posible pérdida de licencias comerciales. El objetivo declarado es desalentar la contratación informal, aunque sectores productivos advierten que esto podría afectar áreas clave como la construcción, la agricultura y los servicios.
Una por una: las nuevas estrategias antiinmigrantes
Multas de hasta 10 000 dólares y suspensión de licencias por incumplimiento
Los proyectos de ley contemplan que si un empleador no verifica el estatus migratorio de sus trabajadores o contrata deliberadamente a trabajadores indocumentados, la empresa puede enfrentar una multa de hasta 10 000 dólares y la suspensión de todas sus licencias comerciales por un año en la primera infracción.
Suspensión de licencias por cinco años y multas mayores en reincidencias
Si la empresa comete una segunda infracción, la pena propuesta incluye la suspensión de la licencia por cinco años y multas de hasta 100 000 dólares por cada violación.
Revocación permanente de licencias y multas de hasta 250,000 dólares
En caso de una tercera infracción, el proyecto prevé la revocación permanente de las licencias comerciales y multas de hasta 250,000 dólares por cada violación.
Delito grave por contratar más de 50 trabajadores indocumentados
Las mismas propuestas consideran que un empleador que contrate a 50 o más trabajadores sin autorización podría enfrentarse a un cargo penal de tercer grado, lo que conllevaría sanciones más severas incluida la revocación definitiva de licencias.
Responsabilidad civil por daños
Además de sanciones administrativas, se propone que si un trabajador indocumentado contratado causa lesiones o la muerte de otra persona, el empleador puede enfrentar fines civiles adicionales, con sanciones económicas y consecuencias legales relacionadas con daños a terceros.