La Suprema Corte de Estados Unidos confirmó el 20 de febrero de 2026 que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles. El fallo, que surge de los casos Trump v. V.O.S. Selections y Learning Resources v. Trump, invalida de forma definitiva el arancel universal del 10% que gravaba todas las importaciones —incluyendo la carne— y establece jurisprudencia para que las empresas afectadas reclamen la devolución de lo pagado. El tribunal determinó que la facultad de fijar aranceles pertenece exclusivamente al Congreso según la Constitución, y que el presidente Trump no tenía respaldo legal para imponer esas cargas mediante una declaración de emergencia. La decisión afecta también los aranceles recíprocos por país, que llegaron a superar el 40%, y los aranceles vinculados al tráfico de fentanilo aplicados a Canadá, México y China. El arancel del 10% sobre importaciones generales era la carga directa que enfrentaban los exportadores de carne al ingresar al mercado estadounidense bajo el esquema IEEPA. Al quedar invalidado por la Corte, ese costo dejó de tener sustento legal desde el 24 de febrero de 2026, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo formalmente el cobro. Lo que cambia de manera concreta es doble: por un lado, las exportaciones que ingresen desde esa fecha ya no tributan bajo ese esquema. Por otro, y más relevante aún, todas las empresas que pagaron esos aranceles desde que fueron implementados en abril de 2025 tienen ahora una base legal firme para iniciar reclamos de reembolso ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. (CIT). Cientos de importadores ya presentaron demandas para preservar ese derecho, y con el fallo confirmado, esos procesos pueden avanzar. El arancel del 10% que pagaban los importadores estadounidenses era un costo que, en muchos casos, se trasladaba directamente al precio final en góndola. Con ese gravamen invalidado, la presión sobre los precios de la carne importada en Estados Unidos se reduce en el corto plazo, lo que puede favorecer la competitividad de los cortes que ingresan al mercado norteamericano. Sin embargo, el escenario no está del todo despejado. La administración Trump ya activó una vía alternativa —el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974— para reponer un arancel de entre 10% y 15% de forma transitoria hasta el 24 de julio de 2026. Eso significa que el alivio arancelario puede ser parcial y temporario, mientras el gobierno avanza en nuevas investigaciones bajo otras leyes que podrían derivar en cargas permanentes. Para el consumidor, el mensaje es claro: los precios pueden mejorar, pero la estabilidad todavía depende de lo que ocurra en los próximos meses en Washington.