La decisión de la Coalición Republicana de no votar la Rendición de Cuentas del gobierno generó ayer una fuerte reacción del oficialismo, que advirtió sobre efectos directos en políticas sociales y de seguridad. Durante una conferencia, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir aseguró que la medida “borra de un plumazo” la posibilidad de otorgar un refuerzo económico a hogares en situación de pobreza extrema a partir de enero de 2027.
Valdomir destacó que el recorte afectará también los aviones destinados a reforzar la seguridad pública: “Se acaba de coartar la posibilidad de que entren 300 nuevos efectivos policiales, de que haya nuevos equipos, nuevos móviles y nueva tecnología”, afirmó, planteando que sin esos recursos será más difícil desplegar operativos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.
Además del impacto en seguridad y transferencias, el diputado señaló que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) perderá fondos previstos para ampliar la red de refugios 24 horas y programas de inserción laboral para personas en situación de calle. “Nos preguntamos con qué cara le van a decir a la población que les preocupa la situación de los kilómetros que viven a la intemperie, cuando se le acaba de birlar al Mides tener un refuerzo para seguir ampliando la posibilidad de los refugios”, sostuvo.
La reacción oficialista subraya un choque de prioridades entre el Ejecutivo y la Coalición Republicana: mientras el gobierno plantea la Rendición de Cuentas como una herramienta para reforzar programas sociales y de seguridad, la oposición justificó su abstención por objeciones a montos, destinos o gestión del gasto. Hasta el cierre de esta nota, la Coalición no había emitido una declaración ampliada sobre su decisión específica respecto a los rubros mencionados por el oficialismo.
Analistas políticos consultados en torno a la votación señalan que la suspensión de esos refuerzos podría tener efectos tanto inmediatos, en la operativa policial y la atención a vulnerables, como políticos, al intensificar la discusión pública sobre prioridades fiscales y responsabilidad social del Estado. Para el oficialismo, el argumento central es que la medida dejará sin respuesta a sectores que enfrentan pobreza extrema y marginación.
El debate legislativo continúa abierto y la disputa política por la Rendición de Cuentas promete marcar la agenda de los próximos días, con el foco puesto en las compensaciones presupuestales posibles, el destino de los programas afectados y la búsqueda de consensos que permitan mitigar el impacto sobre los grupos más vulnerables.