Cada vez que un fallo judicial no agrada al poder ejecutivo, vuelve a hablarse de democratizar la justicia ¿Qué significa esto? Si se refiere -como ahora se interpreta - a los procedimientos de selección y remoción de jueces, hay que decir que ellos nunca fueron más democráticos que hasta la Constitución de 1994: los jueces eran elegidos por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado (órganos todos de elección popular) y removidos mediante juicio político en el que la Cámara de Diputados actuaba como acusadora y el Senado como tribunal. Este sistema dio lugar a tales fracasos, abusos y hasta escándalos que los últimos constituyentes decidieron despolitizarlo, creando el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Poco duró la euforia: la representación política en el Consejo (que debía conformarse con equilibrio) duplicó desde el principio la de otros estamentos (abogados, jueces), porque incluyó por separado a diputados y senadores. Para peor, se agregó un representante del ejecutivo, precisamente el poder cuyas atribuciones se intentaba limitar. El resultado es que ningún candidato puede llegar siquiera a ser propuesto para el cargo de magistrado si el gobierno no lo aprueba, y que ningún juez, cualquiera sea el desaguisado que haya cometido, puede ser siquiera acusado si el gobierno no le suelta la mano. Mientras tanto, los concursos se sustentan ante jurados previsibles, hay denuncias de graves irregularidades en las pruebas, las entrevistas públicas se aprovechan para modificar hasta el escándalo el orden de mérito surgido de las calificaciones y encendidas arengas políticas obtienen que unos candidatos escalen posiciones hasta introducirse entre los elegibles, otros sean relegados sin explicación alguna y hasta los candidatos de méritos más indiscutibles queden excluidos de la elección final. De todos modos, mientras este resultado no sea políticamente satisfactorio, la provisión de los cargos vacantes espera durante varios años: sus funciones son desempeñadas por subrogantes, que pueden ser removidos en cualquier momento del juzgado en el que prestan ese servicio.

Parece que con esto no es bastante: democratizar debe parecerse a potenciar el procedimiento original mediante la manipulación del actual: a saber, que los jueces teman todo conflicto con el ejecutivo y los candidatos a jueces hagan todos los méritos posibles para mantener el favor político.

La Constitución establece tres poderes de cuya independencia resulta la eficacia del sistema de frenos y contrapesos que asegura a todos los habitantes del país un régimen de leyes y de derechos y no uno de caudillos y caprichos. Pretende fundar un estado donde nadie tenga la suma del poder público, institución fulminada elocuentemente por su artículo 29; y, para eso, el Parlamento está encargado de hacer las leyes, el Ejecutivo tiene prohibido hacerlas y está obligado a ponerlas en funcionamiento y el Judicial, sin influencia de los otros dos, examina su constitucionalidad, determina cuándo ellas han sido infringidas, aplica condenas y previene (sí, mediante medidas cautelares) daños inminentes. Los poderes legislativo y ejecutivo están para cumplir la voluntad del pueblo, tal como se la expresa en cada elección. El judicial, en cambio, está para custodiar el cumplimiento de la Constitución y para garantizar los derechos de cada uno, incluso si, para hacerlo, debe afrontar la ira de las multitudes. Por eso su mandato proviene de una expresión a más largo plazo de la misma voluntad popular, tal como se la expresa en las convenciones constituyentes, y por eso los jueces no se nombran por elección directa, sino por concursos técnicos en los que deberían tenerse en cuenta las condiciones personales y jurídicas de cada candidato muy por encima de sus contactos políticos coyunturales. Todo intento de repolitizar la administración de justicia, toda propuesta de incrementar la influencia del Ejecutivo en su selección y en su remoción, toda declaración tendiente a atemorizar a quienes están obligados a ser valientes, es un paso hacia atrás en la senda republicana.