Una rama de la criminología y del derecho llamada derecho & economía (law & economics) incorpora conceptos de estadística económica al análisis de las leyes. Las investigaciones legales más innovadoras y revolucionarias de los últimos tiempos se caracterizan, justamente, por incorporar conceptos sencillos de la economía, como por ejemplo, el principio de costo/beneficio, al analizar en forma crítica el contenido de una norma penal.

¿De que sirve la redacción adecuada de un tipo penal si la aplicación práctica del misma resulta insuficiente? En ese caso, a la luz del principio costo/beneficio, uno de los costos de la norma, será las largas y costosas horas de debate parlamentario tendientes a buscar el consenso necesario para la sanción de la norma penal; mientras que, por otro lado, el beneficio será de los criminales, quienes gozarán de un marco legal redactado por un Estado emisor que no tiene la voluntad o la capacidad técnica para aplicar efectivamente el marco legal. Lo que se pretende, con la consigna señalada, es evitar la proliferación de los denominados espejismos legales, donde las leyes son redactadas en forma prolija y adecuada, pero se transforman en leyes muertas al no tener aplicación práctica.

En relación a la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, se dice que el narcotráfico, tráfico de armas, trata de blancas, entre otras formas de criminalidad organizada, se mueven con más comodidad en los países que cuentan con normas anti-lavado técnicamente adecuadas, pero sancionadas por Estados que no cuentan con la vocación política ni los recursos necesarios para combatir el fenómeno del lavado de activos en forma efectiva.

Según el criminólogo Bagley, aquella mezcla entre la apariencia legal y la ilegalidad práctica, funciona como verdadera incubadora para el desarrollo de los grupos criminales y el lavado de dinero (B. Bagley, Globalisation and Latin American and Caribbean Organised Crime, London, 2005). En definitiva, no hay mejor refugio para el crimen transnacional y económico que los paraísos legales donde las instituciones del Estado parecen estar todas presentes, pero sólo en forma aparente.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), organización internacional encargada de coordinar estrategias globales antilavado, viene señalando que uno de los mayores problemas del régimen antilavado de nuestro país radica, principalmente, en la aplicación eficiente de su sistema legal. Entre otros factores, se señala la necesidad de que nuestro país cuente con instituciones dedicadas a investigar y prevenir operaciones de lavado de dinero que funcionen con transparencia, capacidad e independencia.

Con ese fin, resulta sumamente importante que se le otorgue mayor independencia a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que se encarga de la prevención e investigación de operaciones de lavado de dinero. Actualmente la UIF se encuentra bajo la órbita exclusiva de la administración pública y está liderada por un Presidente que es designado y removido por voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo. En consecuencia, se puede decir que la UIF debería tener un grado de independencia mayor del Poder Ejecutivo de turno. Existen varios proyectos de ley en el Congreso, uno de ellos de la misma UIF, que proponen medidas tendientes a garantizar un manejo más efectivo e independiente de este esencial organismo del Estado.

La sanción de estas propuestos contribuirá, sin duda, para que nuestro país comience a darle vida a nuestro régimen legal antilavado; es decir, para que la aplicación práctica del sistema legal antilavado sea más efectivo. De ser así, el crimen organizado transnacional gozará, a la luz del principio costo/beneficio, de una variable económica menos al momento de elegir en qué jurisdicción radicar sus operaciones de lavado.