El cristinismo mas duro tomó como un festejo propio el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de Venezuela, que le permitirá culminar un ciclo de gobierno de 20 años.

Y en ese marco volvió a levantar la bandera de la reforma de la Constitución y la re-reelección de Cristina Fernández, ante la falta de una figura que pueda continuar con el proyecto político que comenzó con Néstor Kirchner en 2003.

La estrategia K no parece ser la discusión del tema en el Congreso, sino dejar que el tema vaya germinando en el interior del país, con los gobernadores que necesitan seguir en el poder y sus constituciones provinciales no se lo permiten.

Un caso curioso es el gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez, que a los tropezones se fue alineando con la Casa Rosada. Asomó la cabeza para hablar de la reforma cuando el kirchnerismo había sacado el tema de la superficie por un tiempo, frente a la protesta de la oposición y sectores de clase media que rechazan esa alternativa. Pero ahora, siguiendo las necesidades del poder central, volvió a la carga y envió un proyecto a la legislatura provincial. Aunque habrá un período de audiencias para que los sectores se pronuncien, la UCR, los demócratas y el PRO, ya advirtieron que están en contra y anticiparon que no darán los dos tercios necesarios para la reforma. Julio Cobos, que quiere volver a los primeros planos con su candidatura legislativa, es un abanderado contra la continuidad de Pérez.

Con el gobernador de Santiago del Estero ocurre algo similar. El radical K Gerardo Zamora necesita la reforma constitucional para ir por la re-re como quieren los cristinistas para la presidenta. Pero, a diferencia de Pérez, no quiere entrar en cortocicuito con el gobierno nacional y regula los tiempos. Su mandato vence en marzo de 2014.

También están en la mira otros gobernadores imposibilitados de ir por un nuevo período como Luis Beder Herrera en La Rioja y Jorge Sapag en Neuquén.

Un caso muy especial es el del tucumano José Alperovich que hace gambetas sobre su futuro, aunque quienes lo conocen dicen que daría lo que no tiene para seguir en el poder.

Cuando el Congreso apruebe la baja a los 16 años para votar, los tucumanos deberán adaptar su propia Carta Magna, lo que podría ser aprovechado para incluir la re reelección, aunque también se beneficiarían legisladores, intendentes y concejales. A nivel nacional, el kirchnerismo sabe que le espera un complejo camino para lograr los dos tercios en el Congreso Nacional, sobre todo en el Senado para abrir el camino a la reforma.

Se renovarán 3 senadores en cada una de las 8 provincias que van a elecciones. Dos por la mayoría y uno por las minorías. Son los de Capital Federal, Salta, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Hoy el kirchnerismo tiene 38 de los 48 votos que necesita en la cámara alta. Esto lo tiene en claro la oposición que, sin embargo, no puede salir del estado de dispersión generada luego de la derrota del año pasado.

Mientras tanto, hay otras cuestiones fuera de la campana de cristal en la que parece metido el cristinismo más duro.

El gobierno puso en marcha un operativo que en la práctica puede derivar en la paralización de la Auditoría General de la Nación (AGN) al desconocer la autoridad que le da la Constitución a su actual presidente, el radical Leandro Despouy. De esta manera quedarían bloqueadas las investigaciones que, durante los últimos dos años, encabezó el propio Despouy sobre hechos de corrupción que afectan al gobierno. La Casa Rosada parece no cuidar las formas, como quedó demostrado en su maniobra para tratar de imponer en el Consejo de la Magistratura a la funcionaria K, María Lorena Gagliardi, en el juzgado que debe pronunciarse por la inconstitucionalidad del art. 161 de la ley de Medios.

Esto generó la reacción de la oposición y de las organizaciones que nuclean a jueces y abogados para resistir la decisión de tratar de desplazar a Ricardo Recondo, el representante de los magistrados y así tener el número para imponer a Gagliardi.

Sin embargo, como dice la propia Cristina, el gobierno fue por todo y bajo una fuerte presión forzó la renuncia del juez subrogante Raúl Tettamanti, que con el aval de la Corte Suprema estaba a cargo del juzgado federal 1, que tiene la ley de Medios.

En el medio de todo esto creció y se extinguió la protesta de los prefectos y gendarmes. La estrategia tuvo el selló de Cristina Kirchner que, desde un principio, apeló al desgaste de los miembros de esas fuerzas de seguridad y a no responder su petitorio, sin importar los costos. Si bien el kirchnerismo no admite errores de sus decisiones políticas, como fue la firma del decreto salarial de los uniformados, terminó por eyectar de su cargo a Raúl Garré, hermano de la ministra Nilda Garré y jefe de Gabinete de Asesores del ministerio de Seguridad, a quien se señala como el ideólogo del decreto 1307. El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y otros funcionarios, igualmente, descargaron toda la culpa en miembros de la Prefectura y Gendarmería.

Como parte del relato oficial, se descargó toda responsabilidad por el pago en negro, que vienen recibiendo los empleados públicos desde hace años, a la dupla Menem-Cavallo.

Es cierto que el ex presidente y su ex ministro tuvieron muchísima responsabilidad en el crecimiento de las sumas no remunerativas en los sueldos de cientos de miles argentinos. Pero el kirchnerismo no llegó ayer al gobierno, está desde 2003, y poco parece haber hecho para quitar esas distorsiones que se extendieron a lo largo de todo el país, inclusive a Santa Cruz. Su lugar en el mundo, como dice Cristina.