Más allá de su importancia para marcar el rumbo económico en un 2013 que viene complicado, los próximos meses son más importantes aún en términos políticos. Las elecciones definirán algo más que la composición del Congreso Nacional para los próximos 2 años. Intento de re-reelección, unción de sucesor o incluso una retirada ordenada en 2015 son distintas estrategias políticas que pueden quedar (o no) descartadas en octubre. De ahí que el Gobierno intente utilizar la economía para mejorar su perfil electoral, comportamiento que, cabe aclarar, no es novedoso ni aquí ni en otros países. Algunos lineamientos de la política económica hacen ver que la economía ingresó en modo electoral.
Las acciones más visibles se dieron en el mercado cambiario, apuntando a reducir la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. El Gobierno entiende que la incertidumbre respecto al tipo de cambio aleja votos (más aún cuando sólo se especula hacia arriba), y encadenó una serie de medidas de tinte más ortodoxo a las que estaba acostumbrado. El BCRA subió las tasas de interés, aceleró el ritmo de devaluación del dólar oficial y la ANSES vendió bonos en dólares para bajar la cotización del contado con liquidación (vía legal para hacerse de divisas). Este combo busca incentivar a los ahorristas a mantenerse en pesos y, simultáneamente, acotar la brecha cambiaria (algo que se logró hasta el momento). Asimismo, el blanqueo de capitales permitirá engrosar las alicaídas reservas del BCRA (temporariamente), brindando mayor sensación de capacidad de maniobra, y generar un mercado secundario de títulos, que en teoría debería lograr una baja adicional del paralelo. No obstante, el impacto del blanqueo dependerá, en definitiva, del monto de divisas no declaradas que se acoja a la medida (las estimaciones varían entre u$s 2.000 y
u$s 4.000 millones) y de la confianza que genere el nuevo instrumento.
El sostenimiento del poder adquisitivo es otro de los objetivos principales de la política económica-electoral, ya que un consumidor apremiado por necesidades insatisfechas se traduce en un votante disconforme. La estrategia oficial es doble. Por el lado de los precios, el Gobierno busca moderar todo lo posible la inflación, aunque con el listado de 500 productos congelados (versión light del acuerdo original) y el control militante difícilmente se logre la tan ansiada moderación y, mucho menos, alinear las expectativas y cortar con la puja distributiva. En cuanto a los salarios, el Gobierno ha abandonado su postura, accediendo a homologar acuerdos por encima del 20% fijado a comienzos de año. Si bien se demoraron más de la cuenta, el grueso de las paritarias logró subas similares o superiores a la inflación (23% anual), aunque los sindicatos más afines escalonaron los aumentos a lo largo del año para amortiguar su impacto sobre los costos empresariales.
El problema en este frente es la debilidad del mercado laboral. Es cierto que el desempleo aumentó porque se incorporó más gente a la oferta laboral, pero de los 83.000 puestos de trabajo generados en el último año, 75.000 implican subempleo. A ello debe sumarse el hecho de que la informalidad laboral afecta a 1 de cada 3 asalariados, porcentaje que esconde otras formas de precariedad laboral como el cuentapropismo o el blanqueo parcial de salarios.
Por si fuera poco, el Estado, principal generador de puestos de trabajo en los últimos años (más de la mitad entre 2009 y 2012), encuentra límites fiscales a su política de incorporación de personal. Todo esto termina reflejándose en incertidumbre sobre los ingresos futuros, retracción del consumo (o sea, crecimiento) y en el voto, incrementando lógicamente la preocupación gubernamental.
Si se logra mantener el equilibrio inflacionario y estabilizar el mercado laboral, los trabajadores formales habrán resguardado sus ingresos, lo que no es poco. En cuanto a los trabajadores no registrados y los desempleados, el Gobierno apunta a mejorar sus ingresos mediante la inyección de recursos vía subsidios y planes sociales, como los anunciados hace algunas semanas ($16.500 millones anuales, de los cuales $5.200 millones serán antes de las elecciones).
No se descartan nuevas subas a futuro, así como tampoco un repunte de la obra pública, que mostró bajísimo dinamismo en los últimos meses. No obstante, esta pata de la estrategia dependerá de la situación de las finanzas públicas, que registran un deterioro persistente a pesar de la creciente asistencia del BCRA y de la ANSES.
Como puede observarse, la política económica actual apunta a mantener el status quo, aunque nada hace para solucionar los problemas de fondo. Entonces, la pregunta de qué hará el Gobierno después de octubre surge por sí misma. Pero para responderla primero hay que resolver otro dilema, más apremiante en términos políticos, que nos devuelve al punto de partida: ¿Alcanzarán todas estas medidas (y otras que puedan implementarse) para que el Gobierno salga airoso de las elecciones legislativas?
