Estas son horas de mucha tensión en torno a la presidenta Cristina Kirchner.

Los pocos que conforman su círculo íntimo aseguran que solo quiere escuchar buenas noticias sobre la aplicación de la ley medios y el desguace que busca del Grupo Clarín.

Por eso se enoja, y mucho, cuando alguien se atreve a presentarle un panorama diferente al que espera para después del viernes.

Ya no le importa que digan que el gobierno ayuda a sus amigos y les permite adaptar la ley medios a sus intereses y que sostengan que esa legislación fue hecha a medida para perjudicar a Clarín.

El titular del AFSCA ya sabe por boca de CFK y sus principales espadas que tiene que avanzar sobre las empresas de Clarín por más que la Corte Suprema haya establecido que es necesario un fallo de fondo para evitar la denegación de justicia, antes del 7D.

Martín Sabbatella es seguido por la presidenta y por La Cámpora en cada paso que da y en cada conferencia de prensa que brinda, para advertir que el gobierno avanzará sobre Clarín más allá de lo que dictaminó la Corte.

Después de todo, los funcionarios parecen haber acordado con los empresarios amigos como será la desinversión en esos medios para que todo siga igual. Es decir que, con algunos medios entregados a familiares o amigos, continúen apoyando incondicionalmente al gobierno.

Y como ayuda seguirá estando la excedida de peso pauta oficial, los pronunciamientos de la comisión de la Defensa de la Competencia y el guiño del todopoderoso Guillermo Moreno.

Para el resto (Clarín), no habrá otra cosa que el infierno del Dante, como se instaló desde hace tiempo en el relato oficial, sin importar lo que pase en la justicia.

De todas formas, CFK se irritó y mucho cuando la Corte Suprema de Justicia reclamó al juez de primera instancia y a la Cámara Civil y Comercial que haya un pronunciamiento definitivo sobre el pedido de inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la ley (suspendidos por una medida cautelar) y sobre la ola de recusaciones que impulsó el gobierno sobre camaristas.

Pero el gobierno logró colocar medidas dilatorias para que no haya pronunciamiento alguno para el 7D.

Primero empezó con las recusaciones y luego con las denuncias en el Consejo de la Magistratura de jueces de primera instancia, sobre todo subrogantes.

Y esta semana quedó demostrado una vez más cuando el juez Horacio Alfonso aceptó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como parte de la causa por la ley de medios, lo que le permitirá pedir medidas de prueba y hasta apelar el fallo de fondo.

Sin embargo, en el poder dicen que CFK enfureció cuando llegó a sus oídos que la sala I de la Cámara Civil y Comercial había quedado totalmente constituida. al ser rechazadas las recusaciones del gobierno, y que podía extender la cautelar ante la falta de un fallo de fondo.

Es por eso que mandó al vocero

de la estrategia contra la justicia, el ministro Julio Alak, a hacer un anuncio que sacudió al Poder Judicial.

Porque el funcionario no solo reveló un nuevo pedido de revocación y de impugnación de la sala I, sino que denunció que los jueces, si extendían la cautelar, estaban a punto de cometer un alzamiento contra una ley de la Nación.

En otras palabras, llevar a los hechos lo que siempre pregona CFK: ir por todo, comenzando por la justicia.

Esta situación se da también con un sector de los argentinos que mayor protección necesita de la sociedad y especialmente de quienes gobiernan, el de los jubilados.

El kirchnerismo creó una verdadera industria de la apelación para evitar pagar las sentencias de los jubilados que reclaman por lo que consideran justo, la actualización de sus haberes.

La presidenta no tuvo mejor idea que despreciarlos y decir que esos jubilados forman parte del sistema de juicios que armaron los caranchos (léase abogados sin prejuicios), quizás olvidando que su propia madre recurrió a la demanda judicial, como tienen derechos todos los argentinos, y que ganó y cobró, aunque luego decidió donar ese dinero.

La Corte tuvo que salir a advertir que no se podía permitir una recusación permanente de los jueces que tienen las causas de los jubilados, porque eso sería impedir que se haga justicia, y que el gobierno debe pagar las sentencias definitivas.

Pero una vez mas, en este caso con los jubilados, Cristina demostró que tiene su propio Alak, como ocurre con la ley de Medios.

Y fue el titular de la ANSES, Diego Bossio, quien salió a decir que la justicia no legisla y que ese organismo continuará apelando las sentencias.

Sí, no hay duda, van por todo. Que lo digan los jueces.