Reelección a cualquier precio, fue la instrucción de Menem. Las encuestas lo favorecían, pero había un obstáculo: la Constitución. Y no contaba con los dos tercios de cada Cámara para convocar a su reforma. Alfonsín, viendo que la convocatoria era políticamente inevitable, aun por vía irregular, ofreció aceptarla para evitar una constitución formalmente controvertible. A cambio, pidió varias instituciones destinadas a limitar el poder del Ejecutivo. La constitución de 1994 las incluyó, pero en cada caso se encontró la manera de inutilizarlas.

La principal de ellas es el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar a los nuevos jueces mediante concursos públicos de oposición y antecedentes y de acusarlos para su eventual destitución por mal desempeño. Las esperanzas iniciales fueron frustradas a los pocos años: mediante la inundación del Consejo con representantes políticos y hasta un inexplicable representante del Ejecutivo, se aseguró que ningún juez fuese seleccionado ni acusado sin la voluntad de la Casa Rosada. Luego se fue más allá: empezó a decirse que algunos concursantes conocían de antemano el tema de la prueba; los dictámenes de los jurados fueron burlados mediante modificaciones arbitrarias del orden de mérito y hasta los propios jurados fueron cooptados, mediante sorteos entre personas de lealtad más o menos probada.

En ese lastimoso escenario institucional, asistimos hoy al colmo de lo que en 1994 se trató de evitar: frente a un proceso en el que el gobierno proclama cotidianamente su interés político, es pública la intención de poner ese proceso a cargo de un juez que garantice un resultado determinado. Ante una dificultad en el Consejo, se acusa a un intachable consejero juez y se denuncia penalmente a los consejeros reticentes; ante la vacancia del juzgado, se recusa a los subrogantes hasta obtener uno que parezca más confiable y se elabora una demorada lista de conjueces, sólo para ese fuero; ante la perspectiva de que la decisión apetecida sea revocada en la segunda instancia, se promueve una reforma procesal para reinstalar el per saltum, que autorizaría a la Corte Suprema a avocar cualquier causa y resolverla pasando por encima de las instancias inferiores. Esta institución ya existió en la década de 1990: sólo sirvió entonces para que una Corte adicta al gobierno revocara amparos y medidas cautelares que trababan los procesos de privatización.

Suele decirse que, cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la justicia escapa por la ventana. Parece que hoy toda la administración judicial tuviera una sola misión: defenestrar al grupo Clarín y garantizar que el gobierno intervenga en canales y empresas y los asigne a quien bien le venga. Si hacer esto es correcto o incorrecto, si los artículos impugnados de la Ley de Medios son inconstitucionales o no lo son, no es algo a comentar aquí: eso tendrá que decidirlo el poder judicial. Pero uno digno de ese nombre, que sea imparcial frente a cada caso y obra de acuerdo con las reglas procesales, a la luz de la Constitución y de la ley. No que se constituya en un delegado del ejecutivo para hacer lo que él disponga. El presidente de la Corte ha dicho que los jueces no deben dejarse presionar, y es seguro que la mayoría de los magistrados ni siquiera necesita esa exhortación. Pero el problema no es sólo de los jueces, sino de todos los ciudadanos, para quienes la división de poderes y la independencia judicial constituyen la última garantía de la igualdad ante la ley. Los procesos judiciales pasan; los intereses políticos se modifican, pero las instituciones deben permanecer y funcionar; no para cambiar las cosas, sino encauzando y haciendo cumplir cualquier cambio con garantías para todos.

Si queremos seguir este camino de sensatez, es indispensable reconvertir el Consejo de la Magistratura en un órgano imparcial, rechazar todo ataque contra la independencia de los jueces y asegurar los límites del poder.

Si esto se logra, todos viviremos más tranquilos. Con Clarín o sin Clarín, que no es lo que más importa.