Es cierto que en la Argentina impera el pensamiento keynesiano acerca del papel del sector público. Por eso, es aceptada como verdad casi indiscutible la idea de que la propiedad estatal de determinadas empresas, con argumentos de soberanía y de conveniencia estratégica, constituye una situación óptima. Sobre esta concepción de la economía caben todo tipo de debates y debiera ser materia de profunda discusión.
Lo curioso de la situación actual es que se habla de soberanía petrolera cuando en rigor el combustible fósil era y es del país. La verdad es que la declamada herramienta de soberanía con motivo de la expropiación de YPF resulta errónea. La Constitución es muy clara: el gas y el petróleo son patrimonio de las provincias y éstas son las que contratan a empresas privadas o mixtas, o también a estatales, para su extracción. Las provincias petroleras han estado sufriendo las consecuencias de la política energética y, ahora, con la expropiación de YPF, pasan a ser las grandes perdedoras. Porque no son las autoridades provinciales las que renegocian con las empresas extranjeras asociaciones con la empresa estatal. Ahora, la intervención en esta empresa es la que toma el timón. Por ello, los representantes de las provincias y del pueblo se equivocan cuando aprueban la expropiación y, así, continúan el sendero de centralización de poder en desmedro del federalismo.
El mal que hace el Congreso, convalidando la concentración de la caja fiscal central, será duradero. Pero no acaba acá. Hay algo mucho más grave y está referido al cuadro institucional, ya que su comportamiento sienta las bases para nuevos atropellos a los derechos de propiedad y, en consecuencia, ensombrece el clima de inversiones de largo plazo. La expropiación, tal cual como se ha dado, es ilegítima. No es posible aceptar el avasallamiento institucional pues, como bien lo demuestra la experiencia histórica, sólo aquellos países respetuosos de las instituciones establecidas a lo largo de décadas, logran mantener un ritmo de crecimiento destacable.
Las instituciones son imposiciones creadas por las personas que estructuran y limitan las interacciones que se efectúan entre ellas y, por lo tanto, reducen la incertidumbre. Las hay informales como los hábitos, los valores sociales y los códigos de conductas; y, también, formales como las leyes, los reglamentos y las Constituciones. Unas y otras conforman el cuadro institucional que configura las relaciones que se establecen en la sociedad; y así los hombres pueden comportarse dentro de un marco de previsibilidad.
Hoy las fuerzas vivas, que hacen a la gobernanza del país, no tiene capacidad de liderazgo ni visión estratégica y su esfuerzo se concentra en el lucro sectorial. El ejemplo de YPF lo muestra con crudeza.
La mayoría de los políticos de la oposición y gran parte del empresariado, de la intelectualidad y de la comunidad universitaria, por omisión, obsecuencia o colaboración, permiten los desvíos institucionales. Aceptan sin chistar medidas disparatadas, siempre y cuando no afecten sus intereses. El caso del partido radical desconcierta; se preocupa de ser consecuente con su política petrolera y olvida que nada puede estar por encima de la ley o mejor dicho de las instituciones.
El problema no sólo será del ciudadano común también, a la larga, será de ellos. Se necesitan valores, honestos y comprometidos con un proyecto nacional, más allá de sus intereses sectoriales. Porque cuando se respeta a rajatabla el cuadro institucional, se propende debidamente al bienestar general de largo plazo. Vale recordar las palabras de Alberdi: Lejos de ser cierto que el fin justifica los medios, son los medios los que justifican el fin.
