El General Perón, con su sagacidad característica, solía reconocer en la creación de una comisión la dilución de un problema de difícil resolución. Este parece ser el camino actual elegido por quienes gestionan la política energética, a través de un documento que entre considerandos y acuerdos contiene 16 páginas, 6 de las cuales corresponden a las firmas de funcionarios nacionales y provinciales.

Lo curioso es que entre los puntos del acuerdo figura el promover el desarrollo armónico de la legislación nacional y provincial en hidrocarburos, de manera de garantizar un marco normativo adecuado para lograr buenos niveles de inversión pública y privada del sector. Mientras tanto, las Comisiones de Energía del Congreso de la Nación, están virtualmente desintegradas.

La pregunta es por qué esta reacción intempestiva de todos los funcionarios convocados. Muy sencillo. Si bien el gobierno insiste en resaltar lo virtuoso que resulta importar apenas el 8% de la energía que se consume, que entre paréntesis es un porcentaje que no surge de los propios datos publicados por la Secretaría de Energía (véase participación de fuentes primarias del año 2011 de la página web), la realidad es que la factura energética se está llevando puesta a la economía, con lo que el debate Parlamentario debería estar en plena ebullición.

Ciertamente en YPF están preocupados por revertir la curva de declinación productiva y siguen batiendo récords de incorporación de equipos de perforación, lo que es sin duda una buena señal. En abril llegaron a 54, casi duplicando los niveles de principio de 2012. Estos requerimientos de capital aspiran divisas con intensidad y, en un contexto de fuerte restricción cambiaria, gran parte de la batería de medidas para hacerse de financiamiento, ya sea vía fondeos ad hoc del Banco Central, blanqueo de capitales (BADE), etc., apuntan a mantener el ritmo de la inversión de la empresa expropiada hace un año.

Lo que se ha vuelto una suerte de traje a medida para YPF, podría resultar en un clásico apriete para el resto de la industria, ahora también sujeta al mirar para controlar. Es que las restantes petroleras aún desconfían de los mecanismos de promoción con incentivos inciertos. Incluso algunos empresarios PYME del sector se han sentido discriminados por la política de promoción de importaciones (energéticas), a favor de las grandes petroleras. Esto ha reavivado la dura interna entre Alcones y Palomas, al interior del gabinete.

Si bien en la Torre de Puerto Madero domina un espíritu triunfalista tras algunas buenas noticias de último momento (reflejado en una suba en la cotización de la acción), algunos aspectos del mercado deberán tomarse en consideración. Por un lado la apuesta a los recursos No Convencionales implica menor productividad del capital en términos de producción obtenida por equipo de perforación. Por otro lado, existen numerosas manifestaciones de interés de empresas que buscan asociarse en la explotación de Vaca Muerta, pero que a la hora de desembolsar siguen lentas de reflejos.

La sensación es que la apuesta a revertir la curva de declinación es muy fuerte por parte del gobierno, pero que la actividad de YPF no resulta suficiente para lograr ese objetivo, pues su participación es apenas mayor a un tercio del total producido localmente. En este sentido, el nuevo Acuerdo apunta a contagiar el voluntarismo de la empresa nacional al resto del sector, justamente cuando la tercera empresa en participación, la brasilera Petrobras, está buscando un candidato aceptable para transferir los activos en Argentina. Las razones en este caso no son sólo de índole doméstica, también influye, y se argumenta como principal, el ambicioso plan de inversión de Petrobras, que se acaba de traducir en el programa de financiamiento más agresivo de los últimos tiempos en los mercados internacionales: 11 mil millones de dólares, con oferta excedentaria de fondos. Una panacea para la conducción de YPF que ansía como el gobierno mostrar un rápido (aunque dudoso) cambio de tendencia.