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La pelea entre RE/MAX Argentina y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) sumó un nuevo capítulo. El Tribunal de Defensa de la Competencia multó a la entidad porteña por $ 290 millones al considerar que utilizó sus facultades para perjudicar a los profesionales que trabajan bajo el sistema de franquicias de la compañía.
La resolución también ordenó poner fin a las prácticas discriminatorias contra los corredores vinculados a RE/MAX y otras organizaciones similares. Además, recomendó al Gobierno nacional evaluar cambios en los requisitos para ejercer la actividad, incluida la posibilidad de que la matrícula profesional deje de ser obligatoria.
La decisión responde a una denuncia presentada en 2021 por RE/MAX Argentina y diez corredores asociados a la marca. En aquel momento, acusaron a Cucicba de obstaculizar su trabajo mediante sanciones, restricciones administrativas y exigencias que no estaban previstas en la legislación.
Según determinó el Tribunal, el colegio abusó de su posición dominante, ya que es el único organismo autorizado para otorgar, suspender o cancelar las matrículas profesionales en la Ciudad de Buenos Aires.
Por qué multaron al colegio de corredores inmobiliarios
El cuestionamiento se remontan a 2016, cuando Cucicba comenzó a dictar distintas resoluciones que, según Defensa de la Competencia, establecieron restricciones contra quienes trabajaban bajo el sistema de franquicias.
Uno de los principales cuestionamientos fue la cantidad de expedientes disciplinarios iniciados contra los profesionales vinculados a RE/MAX.
Aunque representaban menos del 2% de los matriculados en la Ciudad, concentraron el 20% de las causas disciplinarias iniciadas desde 2016.
En 2022 el Colegio abrió 27 expedientes contra corredores de RE/MAX y 12 contra el resto de los profesionales. En ese momento, la red inmobiliaria tenía 76 matriculados en la Ciudad, frente a un total de más de 7000.
El Tribunal identificó 23 solicitudes de matriculación rechazadas y al menos otras 34 declaraciones juradas observadas o rechazadas a corredores vinculados a la franquicia. Estas decisiones les impidieron acceder a determinados servicios del colegio, entre ellos el sistema Fidelitas -un sistema de control y seguimiento de la actividad de los corredores inmobiliarios-.
Además, señaló que Cucicba aplicaba restricciones a los profesionales de la inmobiliaria mientras permitía prácticas similares entre otros matriculados, incluidos integrantes de sus propios órganos de conducción.
Para Defensa de la Competencia, estas medidas dificultaron el ingreso y la permanencia de los corredores franquiciados en el mercado inmobiliario y favorecieron a quienes competían con ellos.
Por ese motivo, impuso una multa de 200.000 unidades móviles, equivalentes a $ 290.010.000 al valor vigente al momento de la resolución.
La sanción deberá pagarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. El Tribunal también ordenó que Cucicba deje de utilizar sus facultades para perjudicar a los profesionales vinculados a franquicias, garantice un trato igualitario a todos sus matriculados y publique la decisión en su página web y redes sociales.
Qué puede cambiar para los corredores inmobiliarios
Esta resolución plantea posibles cambios en los requisitos para ejercer la actividad inmobiliaria en la Argentina. El Tribunal recomendó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado evaluar una reforma de la Ley 20.266, que regula la profesión a nivel nacional.
Uno de ellos es la posibilidad de que la matrícula profesional deje de ser obligatoria y pase a ser voluntaria.
También recomendó revisar la exigencia de contar con un título universitario y de acreditar más de un año de domicilio en la jurisdicción donde se solicita la matrícula.
Por ahora, los corredores inmobiliarios deben seguir cumpliendo con los requisitos vigentes para ejercer la profesión.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo también pidió al Gobierno porteño y a la Legislatura revisar las facultades de Cucicba y establecer mayores controles sobre sus decisiones.
Entre las modificaciones sugeridas figura permitir que los profesionales organicen su actividad mediante sociedades, franquicias o redes comerciales, sin que esa elección sea motivo suficiente para rechazar una matrícula o aplicar una sanción.
Además, se propuso que un organismo del Gobierno porteño supervise las resoluciones de Cucicba para evitar restricciones que perjudiquen la competencia.
Una pelea que lleva años
En 2020, la Inspección General de Justicia (IGJ), a partir de una denuncia del colegio porteño, resolvió avanzar con la disolución y liquidación de RE/MAX Argentina. El organismo cuestionaba que la compañía obtuviera beneficios de la actividad inmobiliaria sin estar habilitada para ejercerla.
RE/MAX apeló la medida y, en mayo de 2022, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto la resolución de la IGJ. Los jueces consideraron que el organismo se había excedido en sus facultades, aunque no se pronunciaron sobre la legalidad del sistema de franquicias de la empresa.
Dos años después, la propia IGJ derogó la resolución y, en diciembre de 2025, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el organismo.
Sin embargo, según determinó ahora Defensa de la Competencia, Cucicba continuó utilizando aquella resolución de la IGJ para cuestionarlos, incluso después de que la Justicia la dejara sin efecto.
Durante la investigación, el colegio defendió su actuación y sostuvo que su obligación es controlar el ejercicio de la profesión e impedir que personas sin matrícula realicen operaciones inmobiliarias. También cuestionó el funcionamiento de las franquicias.