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La Justicia santafesina ordenó la suspensión gradual y paulatina de las actividades de Algodonera Avellaneda, la textil de la familia Vicentin, declarada en quiebra en octubre de este año.

La medida tiene por objetivo evitar que se generen nuevas deudas que “pongan en riesgo el repago a los acreedores y trabajadores”.

Sin embargo, aún no se declaró el cierre definitivo de sus tres plantas industriales. El fallo del magistrado implica, en términos concretos, que no ingresará nueva materia prima y que se finalizarán los procesos productivos actuales, mientras se busca un interesado en adquirir los activos de la compañía.

“Las plantas quedarán bajo un régimen de conservación y custodia que preserve su valor como unidades productivas, aptas para ser reactivadas por quien las adquiera en el proceso de venta en trámite”, indicó el documento.

La Justicia también declaró extinguidos los contratos laborales de los más de 240 empleados que quedaron automáticamente desvinculados de la compañía. A su vez, finalizó los contratos comerciales vigentes.

A la sindicatura, por su parte, le ordenó activar “en forma urgente” la búsqueda de invesores para acelerar la venta de los bienes de la empresa, quienes tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para realizar sus propuestas. Los fondos que ingresen estarán destinados a pagar las indemnizaciones de los trabajadores y las deudas que la empresa mantiene con el resto de sus acreedores.

La decisión de la Justicia llega luego de que la sindicatura aconsejara poner fin a las actividades de la compañía bajo el argumento de que las pérdidas que genera Algodonera Avellaneda mediante su explotación se producen a mayor velocidad que los fondos que ingresan por ventas.

“Con los ingresos que generan los contratos de fasón vigentes no es posible mantener la actividad sin contraer nuevos pasivos: apenas alcanzan para cubrir la masa salarial y sus cargas sociales, y no alcanzan para pagar la energía eléctrica, los insumos ni los servicios complementarios indispensables para producir”, detalló la sindicatura en el informe que presentó ante la Justicia.

Según apuntó, la explotación de la hilandería de Reconquista, Santa Fe, arroja un déficit operativo cercano a $ 800 millones mensuales, explicado principalmente por el costo de la energía eléctrica.

“Los ingresos por fasón de Insumos XXI S.A. y Sir Cotton S.A. apenas cubren los salarios y las cargas sociales del personal. No cubren la energía, los insumos de producción ni los servicios complementarios. Esta sindicatura propuso a los fasoneros readecuar el precio de los fasones para cubrir el costo pleno de producción, o asumir el costo de la energía insumida en sus encargos. Ambas propuestas fueron rechazadas”, agregó.

Hasta el momento, la única actividad que se encuentra realizando la empresa es un esquema de producción a fasón en la hilandería de Reconquista para ambas firmas mencionadas, quienes ahora tendrán 10 días corridos para “analizar y ofrecer alguna alternativa de continuidad total o parcial de los establecimientos”.

En tanto, las desmotadoras de Bandera, Santiago del Estero, y General Pinedo, Chaco, ya no cuentan con materia prima hasta el comienzo de la campaña algodonera 2027. Allí únicamente se realizan tareas de vigilancia y cuidado.

Las causas de la quiebra de Algodonera Avellaneda

El 14 de octubre, y luego de dos años de estar concursada, la Justicia decretó la quiebra de Algodonera Avellaneda.

La sentencia dio cuenta de una deuda superior a u$s 260 millones y de un pasivo posconcursal superior a $ 6000 millones, originado precisamente en la imposibilidad de afrontar costos operativos, servicios públicos e impuestos.

El fallo de la Justicia llegó después de que venciera, sin interesados inscriptos, el plazo para el salvataje de la empresa y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

La causa entró en esta instancia después de que la textil no consiguiera las mayorías necesarias para homologar una propuesta de acuerdo preventivo.

El principal obstáculo para alcanzar un acuerdo fue la posición del Banco de la Nación Argentina (BNA), que concentra más del 80% del pasivo de Algodonera Avellaneda.

La empresa tuvo una última oportunidad de evitar la quiebra a través del proceso de salvataje, también conocido como cramdown.

Gran parte de su endeudamiento se originó en créditos otorgados para financiar las exportaciones de la cerealera Vicentin, desde el año pasado en manos de Mariano Grassi.

Allí, Algodonera Avellaneda asumió el rol de garante y codeudora solidaria, por lo que quedó obligada a responder por esas deudas.

Actualmente, la compañía tiene cinco interesados en adquirir sus activos. Entre las firmas figuran Algoservicios S.A., Vicentin Cereales S.A., Tipoiti Satic, Enod S.A. y Bolton S.A..