Garbarino quedó a un paso de la quiebra. En la audiencia celebrada el 24 de febrero ante el Juzgado Comercial N° 7, la propia concursada reconoció que no logró conseguir inversores, mientras que la única sociedad inscripta en el registro del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras confirmó que no presentó propuesta alguna.
Con esa declaración, quedó virtualmente clausurada la etapa de cramdown, el mecanismo de salvataje que permite que terceros interesados presenten una oferta para quedarse con la empresa cuando el deudor fracasa en alcanzar un acuerdo preventivo con sus acreedores. Es la última instancia antes de la quiebra y terminó sin ofertas.
El camino hasta aquí fue largo y accidentado. Tras el rechazo judicial del acuerdo preventivo que había presentado la compañía —por no reunir las mayorías necesarias y por intentar mejorar la propuesta fuera de término— el juez habilitó el registro de interesados. El edicto publicado en el Boletín Oficial en agosto de 2025 fue explícito: si no aparecía un comprador dentro del plazo legal, la quiebra sería el desenlace.
Ese registro abrió formalmente el cramdown. Allí se anotaron dos interesados. Uno fue Vlinder, una sociedad financiera creada en 2024, vinculada a actores del mundo financiero y empresarial, que quedó habilitada para eventualmente presentar una propuesta. La otra inscripción fue más llamativa: la propia controlante de Garbarino pidió ser considerada interesada en adquirir las acciones y las marcas Garbarino y Compumundo.
El intento de comprarse a sí misma
La empresa concursada, que había fracasado en su acuerdo con acreedores y que había perdido respaldo judicial, pretendía participar del salvataje para quedarse con sí misma bajo nuevas condiciones. En términos prácticos, implicaba intentar reiniciar el proceso desde adentro, sin que hubiera ingresado capital fresco ni nuevos accionistas.
La propuesta mejorada que había presentado incluía distintos esquemas de pago, con quitas significativas y plazos extensos. Pero no solo no alcanzó las mayorías exigidas por la ley: además fue considerada extemporánea. El cramdown avanzó entonces hacia su fase decisiva.
Sin embargo, la inscripción nunca se tradujo en ofertas concretas. Ni la financiera ni la propia empresa formalizaron una propuesta que pudiera ser sometida a votación de acreedores. La audiencia realizada el martes pasado terminó de confirmar ese vacío: no hubo oferta alguna.
El fracaso del salvataje no es un hecho aislado, sino el punto final de un deterioro prolongado. Garbarino, que durante décadas fue el mayor retailer de electrodomésticos del país, con más de 200 sucursales y miles de empleados, entró en concurso en 2021 en medio de una crisis financiera profunda. La caída del consumo, la volatilidad macroeconómica, la falta de financiamiento, los juicios laborales y comerciales acumulados y la pérdida de competitividad frente a cadenas más capitalizadas fueron erosionando su estructura.
Un final que se fue construyendo
La adquisición de la empresa por parte de Carlos Rosales en 2020 había despertado expectativas de rescate. Hubo anuncios de inversores potenciales, negociaciones informales y promesas de recapitalización que nunca se concretaron.
Rosales había llegado con la aprobación del secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, a cuyo gremio estaba asociado el 90% de los empleados de la compañía. En el camino quedaron las propuestas de Inverlat, el fondo dueño de Havanna, y de Ricardo Depresbiteris, dueño de Covelia, empresa de servicios de recolección muy cercana a Hugo Moyano.
La compañía llegó a tener más de 4000 empleados. Tras cuatro años de crisis hoy apenas sobrevive con solo 18 colaboradores en apenas tres tiendas. Además, la firma tiene miles de juicios laborales pendientes de pago que se siguen sumando al expediente del concurso.
En enero, según el último informe de gestión presentado en la causa, Garbarino registró ventas brutas por $ 1.769.581,45, correspondientes a operaciones en sucursales por tarjeta, transferencia y efectivo. No hubo ingresos por comisiones de marketplace.
En el mismo período, la empresa realizó pagos semanales de sueldos por un total de $ 6.885.000 para una nómina de 18 empleados. En cuanto al stock, la sindicatura informó la existencia de 1597 unidades, que no fueron valorizadas y que incluyen mercadería “obsoleta y deteriorada con poco valor”, cuya antigüedad la vuelve poco demandada por el público.