Concesionaria de las rutas a Uruguay y Brasil entra en concurso y culpa al Gobierno por su "ahogo financiero"

Caminos del Río Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales S.A. (Crusa), concesionaria del corredor vial 18, que abarca parte de las rutas nacionales 12, 14, 117 y 174, se presentó en concurso preventivo y culpó al Estado Nacional por inculplir con los pagos establecidos por contrato. La empresa informó, a través de un comunicado, que decidió "presentarse en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia en atención al estado de cesación de pagos que padece, debido a los continuos incumplimientos, por parte del concedente, en este caso el Estado Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad ( DNV)". Constituida en 1990, Crusa tiene un total de 677,2 kilómetros de rutas nacionales que componen su corredor e incluyen los puentes Rosario-Victoria y los accesos a los pasos hacia Uruguay (Artigas y Represa Salto-Grande) y Brasil (Paso de los Libres). La concesión, que vence en noviembre, actualmente está en renegociación. Según denunció Crusa, el Gobierno no cumplió con "las obligaciones establecidas en el contrato de concesión". Agregó que esto "condujo a la compañía a una situación de impotencia patrimonial y de ahogo financiero". La firma agregó que, a los incumplimientos, "se suma la falta de respuestas concretas de la DNV frente a las reiteradas presentaciones efectuadas por la empresa en sede administrativa y judicial, lo que generó un notorio desfinanciamiento para realizar la operación de la concesión, las obras necesarias, así como también brindar un servicio seguro acorde a la demanda de los usuarios que transitan el corredor". Crusa denunció que el Estado no respetó el aumento tarifario establecido en el contrato de concesión. "Desde marzo de 2019 en adelante, sólo hubo 37,5 % de incremento de las tarifas de peaje, únicos ingresos de la concesión, contra una inflación del 523% medida por el Indec", ejemplificó. También, resaltó que "no recibió ningún tipo de subsidio que equilibre la falta de aumento de las tarifas de peaje frente a los incrementos de costos correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento del corredor vial, como es el caso de otras concesionarias viales". Por el contrato de concesión, Crusa tiene derecho a una tasa interna de retorno (TIR) del 15,92%. "El incumplimiento en la renegociación mantuvo de manera continuada el desequilibrio en la economía del contrato", alegó en el escrito con el que inició su concurso, presentado en el Juzgado 9, Secretaría 17 de la Justicia Nacional en lo Comercial. La empresa explicó que, en el último año, solicitó más de 30 reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad. Pero la gran mayoría (25) fue cancelada el mismo día del encuentro, sin previo aviso. "Esto nos obligó a tener que llevar a cabo numerosas acciones judiciales a los efectos de obtener las soluciones necesarias para poder llevar adelante el contrato de concesión", explicó Crusa. "Dejamos constancia que los tramos de duplicación ejecutados por la DNV desde Gualeguaychú hasta Paso de Los Libres entre 2011 y 2015, no fueron entregados a Crusa, con lo cual la responsabilidad estructural y el mantenimiento corresponden en la actualidad a la DNV. No obstante, hemos ejecutando obras que no correspondían en dichos tramos para salvaguarda de los usuarios del corredor", explicó en el comunicado difundido a los medios sobre la presentación judicial. "No es que por un capricho de la empresa que entró en concurso preventivo", dijo el vocero de Crusa, Mariano Bradanini, en declaraciones a Radio Ciudadana, de Entre Ríos. "Nadie que tiene 30 años de trabajo quiere dejarlo en malas condiciones el día que le toque irse", agregó. En el inicio del concurso, Crusa argumentó que, "pese a haber presentado (...) más de 46 pedidos de redeterminación tarifaria a los efectos de recomponer la TIR de 5,86%, el no haber otorgado el Estado Nacional ninguna recomposición tarifaria produjo que ante la inminencia de la finalización de la concesión hoy se debería otorgar un aumento de 4506,0%". "El concedente (Estado Nacional) nunca otorgó los aumentos acordados en el contrato vigente sino que lo hizo discrecionalmente en cifras sustancialmente menores a las estipuladas", agregó. "Es esta emergencia y la necesidad de salvaguardar la empresa, preservar la fuente de trabajo de sus 521 empleados, y poner un freno inmediato al agravamiento del cuadro de insolvencia", lo que motivó la necesidad del concurso, explicó. En la presentación, exhibió los últimos de su último balance, cerrado el 31 de agosto de 2002. Tuvo un resultado negativo de $ 1037,55 millones. Patrimonialmente, declaró un activo de $ 2133,52 millones y un pasivo de $ 830,15 millones, de los cuales $ 784,37 millones son pasivo corriente, es decir, de corto plazo. Más de $ 330 millones de eso corresponde a cargas fiscales.

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Belén Fernández

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