La agrupación de militantes rentados La Cámpora avanza a paso firme con su intención de expandir su poder político también al negocio de los call centers en la Argentina. Se trata de un sector ligado al mundo de las telecomunicaciones que se encuentra repartido entre más de 20 empresas, entre nacionales y multinacionales, y que emplea a 60.000 trabajadores ligados hoy a los gremios de Comercio y la UOM.

Presente en todos los actos de Cristina y con integrantes consustanciados con el relato oficial, La Cámpora tiene presencia o controla empresas públicas y privadas como Aerolíneas Argentinas, el Correo Oficial, la Secretaría de Comunicaciones, el Registro Nacional del Automotor, el Registro Nacional de Armas, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), la agencia de noticias Télam o Fabricaciones Militares.

Ahora, va por más y pretende regular y controlar la actividad de las empresas que prestan el servicio de telemarketer. Para lograr ese objetivo, el año pasado uno de sus más conspicuos integrantes como es el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV), Andrés El Cuervo Larroque, presentó un proyecto de ley para regularizar las relaciones laborales entre teleoperadores y empleadores en los call center.

Ayer, esa iniciativa obtuvo dictamen para ser tratada en el Parlamento gracias al aval de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. La mayoría de sus integrantes apoyaron y permitieron así emitir dictamen a favor del proyecto de Larroque que, entre otros objetivos, impulsa la creación de un estatuto laboral para los teleoperadores que establece nuevas condiciones salariales y del ámbito de trabajo. Además del FPV, la iniciativa fue respaldado por el Frente de Izquierda (FIT) y de Unidad Popular, mientras que Unión PRO y la UCR junto al socialismo presentarán dictámenes propios en minoría. Además, la propuesta es cuestionada por las empresas que participan de este sector por considerar que incrementa los costos.

El nuevo reglamento crea un estatuto que establece que el turno horario no podrá exceder las seis horas ni superar los cinco días por semana. También obliga a las empresas a pagarle al teleoperador una remuneración fija que no inferior al salario mínimo vital y móvil o al salario básico establecido en el convenio colectivo.

Además fija una licencia de dos días por examen, con un máximo de 20 días por año. Y obliga a los call center a respetar condiciones de seguridad ambientales, como proveer al empleado de los elementos necesarios para trabajar condiciones seguras.

Con el aval logrado ayer, para ser tratado en el recinto la propuesta debe pasar por la comisión de Labor Parlamentaria que será la encargada de establecer una fecha para su análisis. En los considerandos, Larroque acusa a las empresas de call center de crear puestos de trabajo precarizados y de generar alta rotación en los puestos y horarios de trabajo; de ofrecer malas condiciones ambientales y de salubridad en el entorno laboral, y se refiere a la existencia de problemas con los encuadres convencionales, despidos masivos, falta de regulación y hasta falta de representación gremial. Según el proyecto, en el contexto de la desregulación, la actividad se desarrolló sin marcos legales que den cuenta de sus especificidades y, menos aún, proteja a los trabajadores.

Una gran parte de estos centros de servicios operan en la Capital Federal y en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Tucumán, Salta y Mendoza. El Cronista intentó comunicarse sin éxito con ejecutivos de la Cámara Argentina de Centros de Contacto, que agrupa a más del 70% de las empresas.