Hace unas semanas, un informe de Naciones Unidas concluyó que en México existen violaciones graves y sistemáticas a los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, que el aparato del Estado está estructurado y diseñado de tal manera que no solo permite, sino que reproduce prácticas que aíslan, institucionalizan y privan de derechos a esta población, que constituye un 7.3%, de forma constante y generalizada.
Sin embargo, se habló muy poco de ello. Salvo un par de medios, el tema no fue cubierto con la profundidad que amerita un señalamiento de esta magnitud. Por desgracia, la inclusión es un tema que compite con la violencia, desapariciones forzadas y ataques a la prensa. Según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos para ejercer el periodismo– y queda relegado en la agenda pública.
Por eso, esta columna (cuyo eje es la inclusión laboral) busca visibilizar los principales hallazgos de este informe, que en conjunto revelan: la persistencia de la institucionalización; es decir, el confinamiento de personas con discapacidad fuera de la vida en comunidad; el uso de internamientos y tratamientos sin consentimiento; la falta de reconocimiento pleno de su capacidad jurídica, lo que implica que muchas personas no pueden decidir sobre su propia vida; y la ausencia de apoyos que les permitan vivir de forma independiente.
Este modelo perpetuado por el Estado, además de limitar los derechos humanos fundamentales de este grupo poblacional, también produce violencia, abusos, deterioro en la salud mental, muertes dentro de instituciones, castigos físicos, encierros, privación de alimentos, vulnerabilidad al suicidio, pérdida de habilidades sociales y de adaptación, daños irreversibles y, en muchos casos, total impunidad.
El documento está titulado “Informe de la investigación sobre México realizada en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención” y aquí conviene explicar qué significa que sea una investigación de este tipo. No se trata de una revisión periódica ordinaria, sino de un mecanismo excepcional que se activa cuando existen indicios de violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos.
En este caso, el comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que en México no estamos frente a fallas aisladas, sino ante un patrón estructural sostenido por leyes, políticas públicas y prácticas institucionales.
El hallazgo central gira en torno a un concepto poco discutido fuera de círculos especializados: la institucionalización. Esta implica que miles de personas con discapacidad son separadas de la vida en comunidad y confinadas en espacios como hospitales psiquiátricos, albergues, centros de asistencia social o incluso instalaciones privadas no reguladas, muchas veces sin su consentimiento. Lejos de ser una medida de cuidado, el informe es contundente: el modelo de institucionalización, en sí mismo, es incompatible con los derechos humanos.
Estas prácticas no solo están asociadas a violencia, abuso, propensión al suicidio y pérdida de autonomía, sino que generan daños irreversibles en el desarrollo y la identidad de las personas.
Las cifras dimensionan la magnitud del problema. De acuerdo con datos oficiales citados en el informe, casi 120 mil personas con discapacidad se encuentran institucionalizadas en México, de las cuales alrededor de 26 mil son niñas y niños. Sin embargo, el propio documento advierte que estas cifras podrían estar subestimadas, ya que algunas estimaciones apuntan a que hasta 140 mil niñas y niños con discapacidad podrían estar sujetos a algún tipo de internamiento.
Algo muy preocupante que revela este informe es que el impacto de las violaciones no es uniforme: afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños, personas indígenas y personas en situación de pobreza, quienes enfrentan múltiples capas de exclusión. Este sistema no opera como una excepción, sino como una normalidad aceptada.
Pero quizá lo más inquietante es esto: la institucionalización puede durar toda una vida. El informe documenta personas que entraron siendo niñas y nunca salieron. Internamientos que alcanzan los 51 años en instituciones que no tienen un límite claro de permanencia. En muchos casos, el Comité encargado de realizar el estudio identificó que existen personas que permanecen institucionalizadas incluso cuando existen evaluaciones psiquiátricas que recomiendan su salida. Hay mujeres con discapacidad que fueron internadas en su infancia en el extinto hospital psiquiátrico La Castañeda y que, décadas después, siguen recluidas. Se trata de vidas completas en encierro.
Aquí hablamos de inclusión laboral y este informe importa porque si las personas con discapacidad –la minoría más grande del planeta– terminan recluidas, aisladas de la educación, de la vida social y de cualquier posibilidad de autonomía, ni siquiera tienen la oportunidad de llegar a la arena laboral. Tienen negado un derecho previo: el de vivir en comunidad y tomar decisiones sobre su propia vida. Un derecho que debería estar garantizado por el Estado —México es firmante de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad desde 2007— y que, sin embargo, sigue sin materializarse.
En un país donde la conversación sobre inclusión suele centrarse en el acceso al empleo, este informe obliga a replantear este derecho desde el origen, porque el problema no es solo quién puede trabajar y bajo qué condiciones lo puede hacer, sino quién tiene siquiera la posibilidad de llegar a postularse a una posición.
Mientras el Estado siga operando bajo un modelo que encierra, sustituye decisiones y excluye desde la base, la inclusión laboral seguirá siendo una promesa vacía.