Si algo se sabe es que cuando los hijos se van… también se quedan la cuenta de la luz y el agua. Pues lo mismo pasa con la llamada reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum y su fiel escudero Pablo Gómez quieren que heredemos los mexicanos: se va el control de una cosa, pero llega una sorpresa por detrás que no se pidió y que, para colmo, puede costarnos caro.
La administración de Sheinbaum ha anunciado desde 2025 que impulsará una reforma electoral “de calado”, dicen, para ajustar las reglas de juego con miras a las elecciones de 2027. Pablo Gómez encabeza la gloriosa Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encargada de elaborar la propuesta que, se espera, será enviada al Congreso entre febrero y abril de 2026 (y con un acuerdo exprés para que tome efecto en la siguiente elección).
¿Objetivo? Según los voceros oficiales, “fortalecer la democracia” mediante una revisión profunda de la estructura electoral. Los elementos más polémicos: eliminar o reducir el rol de los diputados plurinominales, recortar el financiamiento público a partidos, e incluso revisar el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales (OPLE).
Hasta aquí la descripción técnica suena a anuncio de mantenimiento periódico. El problema es que, como suele pasar, los detalles traen lo interesante —y lo preocupante—.
Primero, los aliados del mismo proyecto oficial no están felices. El Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) (coalición que llevó a AMLO y a Sheinbaum al poder), han expresado públicamente sus reservas e incluso rechazo a partes centrales de la propuesta. ¿Curioso? No tanto. El PVEM depende en buena medida de su presencia proporcional en el Congreso para conservar representación y acceso a recursos públicos; reducir plurinominales es, en términos prácticos, recortarle la pierna para correr. El PT, por su parte, ha venido construyendo su relevancia nacional precisamente a través de esos espacios legislativos.
Hablemos claro: a menores recursos públicos, algunos de sus privilegios económicos también desaparecerán. Menos plurinominales significa menos escaños seguros y, por ende, menos financiamiento proporcional. Menos financiamiento público significa… bueno, menos dinero. Y como bien sabemos, el dinero no es todo, pero sin él casi nada se hace. Menores recursos, redistribuye el poder, Morena se volvería más dominante, mientras que los demás estrecharían sus márgenes de operación.
Aquí está la ironía: los mismos partidos aliados que deberían festejar un “golpe de austeridad” están pidiendo tiempo para revisar la propuesta. Porque cuando se toca el presupuesto… hasta las entidades que más aplauden el cambio piden frenos y cálculos finos.
Como si fuera una telenovela, la contradicción se centra en que Sheinbaum, quiere mostrar músculo reformista, pero podría perder el apoyo de quienes le ayudaron a conseguirlo. Como cuando tu hijo promete ahorrar para la universidad y al final gasta la quincena en videojuegos —con la tarjeta que tú pagas.
La reforma electoral ya está siendo vista como un signo de riesgo político y económico. Ámbitos empresariales y medios internacionales han advertido que reescribir las reglas electorales sin un consenso amplio puede sembrar incertidumbre y percibirse como una concentración del poder, lo cual —adivina— no es lo que buscan los capitales cuando deciden dónde poner su dinero.
Desde el punto de vista económico, las reformas constitucionales de gran alcance suelen generar un efecto inmediato de cautela: el mercado odia la incertidumbre casi tanto como odia los impuestos altos. Y la posibilidad de reconfigurar la autoridad electoral —que históricamente ha sido garante de certidumbre electoral y, por extensión, de predictibilidad política— introduce un elemento de duda en el cálculo de riesgo país. No es que los capitales huyan de inmediato, esperan antes de decidir si conviene invertir. Eso, en un país que ya lidia con un raquítico crecimiento económico y necesidades de inversión en infraestructura y productividad, no es una noticia alegre para nadie.
Además, la percepción de “control político” que podría generar esta reforma, aunque nieguen que ese sea el objetivo, podría encender las alarmas sobre la gobernabilidad futura. No es un secreto que los inversionistas prefieren sistemas donde las reglas del juego no cambian según quién esté en la silla presidencial.
El colmo del guion es que esta reforma —vendida como simplificadora, barata y democrática— puede terminar siendo cara y divisiva. Carísima en términos políticos, porque fracturar alianzas en tu propio bloque puede abrir puertas a una oposición que hoy celebra secretamente estos desencuentros y, en el peor de los casos, convertir una reforma constitucional en un precedente de cambios repentinos y poco consensuados. Y cara en términos económicos, porque la inestabilidad política siempre se traduce en primas de riesgo más altas, tasas de interés más caras y mayor cautela de inversión extranjera.
Al final, lo que vamos entendiendo con esta reforma es que muchas veces la intención loable se pierde en la ejecución… o en la negociación. Es como cuando alguien promete que barrerá la casa y termina tirando toda la alfombra por la ventana.
Así que la gran pregunta que queda en el aire —además de si habrá reforma o si se desinflará antes de nacer— es ésta: ¿realmente transformará esta reforma la democracia mexicana o solo reconfigurará la manera en que unos cuantos deciden quedarse con el control del tablero? ¿Y estaremos dispuestos a pagar el precio, político y económico, por esa apuesta?
*Es una opinión personal del autor que no refleja la postura de El Cronista México o sus dueños.