El 24 de junio de 2026, mientras México goleaba 3-0 a Chequia y el país celebraba como si el PIB creciera a ritmo de hat-trick, ya estaba en marcha una decisión que merece mucha más atención que cualquier alineación mundialista: la Circular 8/2026 de Banxico, fechada el 8 de junio, publicada el 15 de junio y con entrada en vigor el 17 de agosto de 2026.
La circular establece un procedimiento para que Banxico pueda comprar, en el mercado secundario, Bonos de Regulación Monetaria y valores gubernamentales, bajo el argumento de mejorar la instrumentación de la política monetaria. Dicho en cristiano: el banco central ya no solo podrá retirar liquidez vendiendo papeles; también podrá comprar deuda pública e inyectar pesos al sistema financiero. Muy técnico, muy sofisticado, muy “no se preocupen, aquí no pasa nada”. Claro, porque en México las frases tranquilizadoras siempre han sido antesala de decisiones impecables.
El problema no es que un banco central opere en mercados secundarios. Eso ocurre en muchas economías. El problema es el contexto mexicano: un gobierno con crecientes presiones de gasto, una deuda pública que exige compradores constantes y un mercado que podría empezar a pedir mayores tasas si percibe deterioro fiscal.
La inflación provocada por exceso de dinero no golpea igual a todos. Los primeros beneficiarios de la liquidez suelen ser bancos, intermediarios y grandes tenedores de activos. Los últimos en recibir el impacto son los hogares, que descubren la teoría monetaria en la fila del supermercado.
En ese escenario, si los inversionistas no quieren comprar bonos del gobierno al precio deseado, aparece Banxico como comprador elegante. No compra directamente al gobierno, nos dicen. Perfecto. Entonces no es financiamiento directo; es solo el primo educado del financiamiento monetario.
La teoría económica es bastante clara: cuando el banco central compra deuda pública con creación de dinero, aumenta la base monetaria. Si esa expansión no responde a una mayor demanda real de dinero, termina presionando precios, tipo de cambio o expectativas. Milton Friedman lo habría resumido con frialdad: la inflación es, en el largo plazo, un fenómeno monetario. Pero aquí preferimos bautizarla con nombres más bonitos: “liquidez”, “estabilidad”, “profundidad de mercado”, “mecanismo de operación”. La maquinita ya no hace ruido; ahora viene con manual técnico.
El peligro central es de incentivos. Si Hacienda sabe que existe un comprador institucional de última instancia para deuda pública, la disciplina fiscal se relaja. ¿Para qué ajustar gasto, mejorar recaudación o priorizar inversión productiva si siempre puede aparecer el banco central a “ordenar” el mercado? Así empiezan las malas historias: no con un anuncio diciendo “vamos a financiar al gobierno con emisión”, sino con una circular que parece aburrida, legalista y perfectamente inofensiva.
Banxico ha aclarado que la compra de valores no implica financiar al gobierno porque se realizaría con intermediarios financieros y no directamente con la Tesorería. Técnicamente, esa defensa tiene sentido.
Económicamente, es incompleta. La pregunta no es solo a quién se compra el bono, sino qué efecto tiene la operación sobre el precio de la deuda, la liquidez del mercado, las expectativas de inflación y la percepción de independencia del banco central. La monetización indirecta no necesita recibo firmado por Hacienda; basta con que el mercado entienda que Banxico puede sostener precios de deuda pública cuando los compradores privados se pongan nerviosos.
La consecuencia más peligrosa es la erosión de credibilidad. Un banco central vale más por la confianza que inspira que por los comunicados que emite. Si los agentes económicos empiezan a sospechar que la política monetaria se subordina a las necesidades fiscales, exigirán una prima de riesgo mayor. Eso significa tasas más altas, presión sobre el peso y menor apetito por deuda mexicana. Irónicamente, una herramienta creada para dar liquidez podría terminar encareciendo el financiamiento del país.
También hay un riesgo distributivo. La inflación provocada por exceso de dinero no golpea igual a todos. Los primeros beneficiarios de la liquidez suelen ser bancos, intermediarios y grandes tenedores de activos. Los últimos en recibir el impacto son los hogares, que descubren la teoría monetaria en la fila del supermercado. El impuesto inflacionario no pasa por el Congreso, no se debate, no se vota y no se anuncia en conferencia. Simplemente aparece en el precio de la tortilla, la gasolina, la renta y el crédito.
El sarcasmo es inevitable: mientras el ciudadano común cree que el gran debate nacional es si México llegará a la siguiente fase mundialista, la discusión verdaderamente relevante es si Banxico empieza a jugar de portero financiero del gobierno. Y ya se sabe: cuando el árbitro también quiere meter goles, el partido deja de ser limpio.
La autonomía del Banco de México no se destruye de golpe. Se desgasta con excepciones, con tecnicismos, con instrumentos “temporales” que se vuelven permanentes y con compras que nunca son financiamiento hasta que el mercado decide que sí lo son. Por eso esta decisión debe observarse con lupa. No porque mañana despertemos en hiperinflación, sino porque las crisis monetarias rara vez empiezan con fuegos artificiales. Empiezan con una circular, una justificación elegante y un país demasiado ocupado celebrando goles.
*Es una opinión personal del autor que no refleja la postura de El Cronista México o sus dueños. El autor es director de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR México). Colaborador en Radio Colima en el Noticiero con Max Cortés: Datos con Valor. X e Instagram @Aivc2, TikTok @2aivc.