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Menos apagones, más sol y cochinita
En estos días, hablar de Yucatán casi siempre implica dos conceptos: cochinita y apagones. Y es que ha operado históricamente al límite de su capacidad eléctrica. Vulnerable a apagones recurrentes, la península, que en los hechos funciona como una “isla energética”, padece un déficit estructural en el que la demanda pico (que supera los 2.400 MW) rebasa con frecuencia la generación local (cercana a los 1.800 MW). La dependencia de un único enlace de transmisión principal y las continuas restricciones en el suministro de gas natural han convertido a los apagones en una constante para millones de usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Frente a esta coyuntura, la firma Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) alcanzó el cierre financiero del proyecto La Esperanza Solar en Campeche. Con una inversión aproximada de u$s 510 millones en facilidades de deuda respaldadas por banca internacional y capital aportado en parte por Profuturo, la iniciativa busca estabilizar la golpeada red peninsular.
El valor estratégico del proyecto no radica únicamente en sus 420 MW de capacidad solar, sino en su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 150 MW / 750 MWh. Las baterías permiten capturar el excedente de generación solar diurna y despacharlo durante las horas de mayor demanda vespertina y nocturna o ante caídas repentinas de la red, corrigiendo la “curva del pato” y brindando soporte de frecuencia y reserva de emergencia.
Con operaciones comerciales previstas para 2028 y un contrato de compraventa de energía a largo plazo asegurado con CFE Calificados, el proyecto se desarrolla en coordinación con las autoridades federales. La integración de almacenamiento masivo a la red peninsular marca un paso decisivo para aliviar las presiones sobre el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y mitigar los cortes directos de carga que paralizan de vez en vez la actividad económica del sureste mexicano.
El acero de calidad deja de ser una opción: arranca la NOM-251
Este 12 de agosto de 2026 marca un hito para la estructura productiva del país. La entrada en vigor de la primera etapa de la NOM-251-SE-2025 transforma de fondo la industria siderúrgica y de la construcción: la calidad del acero para refuerzo de concreto deja de ser un compromiso comercial sustentado en declaraciones del fabricante para convertirse en una obligación técnica verificable mediante Certificados de Conformidad de Producto (CCP).
El impacto alcanza a toda la cadena de valor. La autoconstrucción, que representa más del 60% de la vivienda en México, gana certidumbre en la seguridad estructural de sus obras. En la construcción formal e infraestructura, la norma elimina el margen para el acero de calidad dudosa. Para sectores contiguos como el automotriz o la manufactura, la estandarización y la trazabilidad de los insumos metálicos serán parte de la operación.
El reto principal recae en la ejecución y en la cadena de abastecimiento. Mientras que los grandes productores nacionales contaban con plataformas avanzadas y están listos para respaldar sus procesos, los fabricantes menores e importadores enfrentan un acelerado proceso de ajuste para auditar sus líneas y cumplir con el etiquetado y muestreo obligatorio. Comercializadores y distribuidores asumen ahora una responsabilidad solidaria decisiva: el inventario no certificado no podrá circular libremente.
Esta exigencia técnica llega en un momento de presión productiva, con plantas operando cerca del 64% de su capacidad instalada, una caída del 53% en las exportaciones hacia EE. UU. y una penetración de importaciones equivalente al 42% del consumo interno. Para apoyar al sector, el gobierno federal impulsó el Acuerdo para el Fomento de la Industria del Acero, dando prioridad al acero nacional en compras públicas e infraestructura estratégica. Este pacto busca blindar cerca de 90,000 empleos directos y respaldar inversiones por más de u$s 8,000 millones.
La reactivación de plataformas expone la urgencia de Pemex pese a sus deudas
En medio de una apremiante necesidad por elevar la producción de crudo, que se mantiene de forma persistente por debajo de los objetivos trazados por el Gobierno mexicano, Pemex comenzó a reactivar plataformas offshore que mantenía suspendidas. De acuerdo con el último reporte de la operadora de perforación marina Borr Drilling, estas unidades han sido reabsorbidas por la demanda regional para sostener la extracción en aguas someras, marcando un giro en la dinámica operativa del Golfo de México.
El movimiento técnico responde a la presión sobre la petrolera estatal para evitar un mayor declive productivo, pero contrasta con el tenso panorama financiero que atraviesa con sus contratistas. Borr Drilling no detalló impagos puntuales de Pemex en su llamada trimestral y más bien mitigó su riesgo operativo asociándose en un joint venture con socios locales, extendiendo contratos al 2030. Sin embargo, la empresa de servicios opera en un ecosistema fuertemente golpeado por el pasivo de la estatal.
Según denunció la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), Pemex arrastra adeudos vencidos con proveedores por más de MXN $27,240 millones correspondientes únicamente a servicios prestados en 2024. El pasivo global con contratistas supera los 375,000 millones de pesos.
Para amortiguar la crisis de liquidez en la cadena de suministro, la administración federal implementó mecanismos de pago a través de Banobras y esquemas como el programa Onyx. Sin embargo, la industria advierte que estos instrumentos han cubierto de forma parcial compromisos de 2025 y 2026, dejando en el limbo facturas del ejercicio anterior y obligando a diferir esquemas de pago a largo plazo.
A pesar de los cuellos de botella financieros, el imperativo de mantener la producción obliga a la petrolera estatal a acelerar la actividad en el mar con contratos como losm que buscan empresas como Borr Drilling.
