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Los bancos de México se encuentran en proceso de preparación para llevar a cabo modificaciones relevantes en las transacciones en efectivo. Desde la segunda mitad de 2026, la realización de operaciones con montos elevados exigirá procesos de verificación adicionales, con el objetivo de salvaguardar a los usuarios y combatir actividades financieras que puedan resultar sospechosas.
Estas medidas buscan fortalecer la seguridad en el sistema financiero, garantizando así una mayor protección para los clientes y promoviendo la transparencia en las operaciones monetarias.
Actualización de requisitos para transacciones en efectivo: documentos indispensables
Desde el primer día de julio de 2026, cualquier persona que desee depositar o retirar cantidades superiores a los 140,000 pesos en efectivo deberá presentar documentación adicional. Los bancos solicitarán una identificación oficial vigente junto con al menos un dato biométrico del cliente.
La Asociación de Bancos de México estableció este umbral como punto de partida para reforzar los mecanismos de prevención de fraudes. El objetivo es garantizar que cada operación importante quede debidamente registrada y asociada a una identidad verificable.
Los datos biométricos pueden incluir huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris, dependiendo de la tecnología que cada institución bancaria decida implementar. Este requisito aplicará tanto para operaciones realizadas en sucursales físicas como en cajeros automáticos habilitados con esta tecnología.
Razones actuales detrás de las restricciones bancarias
El presidente de la Asociación de Bancos de México indicó que estas recomendaciones exceden los requerimientos establecidos por la regulación actual. El objetivo es establecer a México como un modelo en transparencia financiera, utilizando plataformas tecnológicas que permitan el intercambio de información en tiempo real, posicionándose así como uno de los primeros países en implementar este tipo de sistemas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso sanciones que superan los 185 millones de pesos a tres entidades financieras, tras identificar deficiencias en sus protocolos de prevención. Estos eventos han propiciado la implementación de medidas más rigurosas en todo el sector bancario.
El contexto que rodea estas nuevas políticas está vinculado a investigaciones internacionales y recientes denuncias sobre el uso del sistema financiero para operaciones ilícitas.
Autoridades estadounidenses han detectado presuntas irregularidades en diversas instituciones financieras del país, lo que ha resultado en sanciones millonarias impuestas por los reguladores nacionales.













