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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una fuerte advertencia contra una práctica fiscal indebida que ya está siendo sancionada.
En específico, se trata de la transmisión ilegal de estímulos fiscales a terceros a través de figuras jurídicas como la asunción de responsabilidad solitaria.
De esta manera, quienes incurran en estas maniobras se enfrentarán a auditorias, multas e incluso delitos penales por defraudación fiscal.
¿Qué está detectando el SAT sobre los estímulos fiscales?
El organismo público identificó que ciertos contribuyentes están utilizando figuras jurídicas para transferir ilegalmente los estímulos fiscales que originalmente les corresponden, a fin de que un tercero los utilice para pagar sus propias contribuciones.
Una de las maniobras más detectadas es el uso de la asunción de responsabilidad solidaria.
En ese contexto, recordó que el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, considera está situación como una práctica indebida que puede derivar en la comisión de delitos fiscales graves.
¿Qué son los estímulos fiscales y para quienes están destinados?
Los estímulos fiscales son beneficios otorgados por el Gobierno de México a ciertos sectores económicos, con el fin de incentivarlos.
Estos subsidios están limitados a los contribuyentes que cumplen con requisitos específicos, según el tipo de actividad, zona geográfica o situación de emergencia que se quiera atender.
Pero aún más importante es que no son transferibles. Cualquier intento por transmitirlos a un tercero -ya sea mediante actos jurídicos, acuerdos, asesorías o servicios que faciliten esa práctica- constituye una infracción.
¿Qué consecuencias enfrentan quienes incurren en estas prácticas indebidas?
El uso indebido de estímulos fiscales por terceros puede configurar un delito de defraudación fiscal, conforme con el artículo 109, fracción III del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Además, las empresas o personas involucradas en la planeación, asesoría o implementación de estas acciones también pueden ser sancionadas.
En concreto, la autoridad advierte que está reforzando sus auditorías y acciones penales contra quienes:
Asumen responsabilidades fiscales ajenas para aplicar estímulos.
Pagan sus impuestos con beneficios fiscales no propios.
Prestan servicios para facilitar estas prácticas.
