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Como si fuera el reino del revés, el Gobierno de Donald Trump expresó una serie de preocupaciones que obstaculizan el comercio entre México y Estados Unidos, entre las que destacó las barreras aduanales y la facilitación del comercio.
A unas semanas de que se realizó la primera reunión bilateral de la revisión formal del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la embajada comercial de Washington emitió un documento que analiza las barreras que complican el intercambio de bienes con diferentes países del mundo, y en el caso de México, su principal socio comercial, destacó que el sector aduanero y el cambio regulatorio en la materia entorpecen las exportaciones estadounidenses.
De acuerdo con el Reporte nacional en barreras de comercio internacional, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), los cambios a la ley aduanera aplicados por México no han sido comunicados con suficiente antelación, sus cambios son opacos, las agencias aduaneras son insuficientes, y los cambios no han sido consultados adecuadamente con los distintos actores involucrados.
Las recientes reformas a la Ley de Aduanas se publicaron el 27 de diciembre de 2025 y entraron en vigor el 1 de enero de 2026, es decir, apenas hubo cinco días entre la publicación y la entrada en vigor, sin contar que se atravesaron fechas inhábiles por el fin de año.
Además, el USTR señaló que las oportunidades que se otorgan a los interesados para hacer comentarios sobre los cambios regulatorios son discriminatorias y casi no se toman en cuenta.
“Las oportunidades para comentar las enmiendas reglamentarias propuestas suelen ser breves e inconsistentes. No todos los interesados tienen la oportunidad de aportar su opinión. Cuando se aportan opiniones, su aceptación y utilización es desigual”.
Serie de problemas aduaneros
Las normas que entraron en vigor el primer día de este año imponen la responsabilidad estricta a los agentes aduanales que realizan los trámites aduaneros para las exportaciones estadounidenses a México.
“Se requiere mucha más información para cada transacción de importación, y la posible responsabilidad por sanciones ha aumentado drásticamente. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) también tiene mayor facultad para retener e incautar envíos”, advierte el USTR.
A esto, añade, se suma que “un número significativo” de agentes aduanales mexicanos fueron suspendidos durante el último año; pero, el proceso de examen y solicitud para aprobación de nuevos agentes se mantiene cerrado desde 2023.
El cambio en la Ley de Aduanas establece que el Consejo de Aduanas será el organismo encargado de supervisar la concesión de licencias y la aprobación de los agentes aduaneros.
Otro problema que enfrentan los exportadores estadounidenses es la restricción de mercancías que todavía no pueden enviarse por todos los puertos de entrada.
“La restricción de mercancías a ciertos puertos ha dificultado a los exportadores estadounidenses la organización del transporte y la logística de estos artículos, especialmente para las compras de comercio electrónico a las pymes exportadoras estadounidenses”, señala.
Esto podría tener un impacto en el T-MEC, pues la Embajada comercial de Estados Unidos recordó que el acuerdo prohíbe los límites arbitrarios al número de puertos en los que puede operar un agente de aduanas.
“Sin embargo, el artículo 161 de la Ley de Aduanas de México limita a un agente a operar en cuatro puertos si no forma parte de una agencia de aduanas. Estados Unidos está trabajando diligentemente con las autoridades mexicanas para garantizar que los agentes de aduanas que forman parte de una agencia puedan utilizar su identificación fiscal de agencia para procesar envíos en más de cuatro puertos”, dijo el USTR en el documento.
Mala planeación
El USTR considera que las demoras en los procesos aduaneros también son consecuencia de la separación de la ANAM y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) -implementada el sexenio anterior-, pues mientras el primer organismo desarrolla las políticas y procedimiento, el SAT es dueño de los sistemas y computadoras que implementan dichas políticas.
“La coordinación entre ambas entidades está mejorando, pero aún presenta dificultades”, lamenta el USTR.