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Más de 302 mil litigios relacionados con seguridad social permanecen en trámite mientras pensionados denuncian suspensiones de pago, retrasos administrativos e incluso casos en los que fueron reportados como fallecidos por error, una situación que ha dejado temporalmente sin ingresos a jubilados que dependen de esos recursos para subsistir.
El problema ha cobrado relevancia tras el caso de Moisés Pérez Peñaloza, fundador de Yo Jubilado y especialista en planeación para el retiro, quien denunció públicamente que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendió el pago de su pensión al registrarlo erróneamente como fallecido.
De acuerdo con información oficial, el IMSS ejerció entre enero y noviembre de 2025 un gasto programable de MXN$ 1 billón 342,753 millones, de los cuales 893,380 millones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones, equivalente al 66.5% de su gasto total.
Reportados como fallecidos y sin pensión
La suspensión de pagos por errores administrativos se ha convertido en una preocupación para muchos pensionados, quienes deben enfrentar largos procesos para recuperar ingresos que en muchos casos representan su principal fuente de sustento.
Uno de los casos más visibles es el de Moisés Pérez Peñaloza, quien aseguró haber sido declarado fallecido por el IMSS apenas unos meses después de comenzar a recibir su pensión.
“Desconocía mi fallecimiento. Al menos para el IMSS esto ya sucedió y por lo mismo decidieron suspender el pago de mi pensión”, escribió en redes sociales.
Posteriormente denunció que el problema persistió durante meses.
“Hoy cumplo mi segundo aniversario luctuoso de que el IMSS dejó de pagar mi pensión por fallecimiento de quien escribe esto”, publicó.
El especialista explicó que, derivado de esa situación, permaneció sin ingresos y sin acceso a servicios médicos mientras realizaba los trámites para aclarar su situación ante el instituto.
A este tipo de casos se suma el testimonio de un pensionado que solicitó mantener su identidad en reserva y quien relató haber enfrentado retrasos administrativos que pusieron en riesgo el acceso oportuno a los recursos de los que depende para cubrir sus gastos cotidianos.
Litigios y reclamos contra el IMSS
Las controversias relacionadas con pensiones, cálculos de retiro, reconocimiento de derechos y suspensión de pagos suelen terminar en tribunales.
Actualmente, el IMSS mantiene un histórico superior a 302 mil litigios en trámite por diversos motivos, mientras que los conflictos relacionados con seguridad social suelen resolverse mediante juicios de amparo o procedimientos especializados.
Para Ulises Laureano Tinoco, abogado especializado en asuntos financieros y fundador de la consultora Doing Business mx, el problema representa una señal de alerta para los trabajadores y jubilados.
“Estamos ante una situación bastante grave y nadie está haciendo nada. Estaba viendo que la persona que reportaron como fallecida es una persona que se dedica a hablar de temas de retiro. Imagínate, si a él que es experto le está pasando esto, imagínate a los que no saben”, afirmó.
El especialista sostuvo que los errores administrativos y los retrasos en los procedimientos pueden afectar directamente a personas que dependen de una pensión para cubrir necesidades básicas.
Asimismo, consideró que el envejecimiento de la población y la creciente presión sobre los sistemas pensionarios representan desafíos que requerirán ajustes de largo plazo.
“El problema es complejo. Tenemos una presión enorme sobre el sistema y adicionalmente el mexicano no tiene el hábito del ahorro”, señaló.
La presión financiera detrás de las pensiones
El creciente peso de las pensiones dentro del presupuesto del IMSS refleja la importancia que han adquirido estos compromisos financieros.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que entre enero y noviembre de 2025 el instituto destinó MXN$ 893, 380 millones al pago de pensiones y jubilaciones, un incremento anual de 12.3%.
Esto significa que por cada MXN$ 100 ejercidos por el IMSS, MXN$ 66.5 fueron utilizados para cubrir obligaciones pensionarias.
Especialistas han advertido que el envejecimiento de la población, el aumento en la esperanza de vida y la incorporación de nuevos jubilados seguirán incrementando la presión financiera sobre los sistemas de retiro durante las próximas décadas.
Estado de México, otro foco de alerta
Las tensiones financieras en materia pensionaria también se reflejan en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
Hasta septiembre de 2023, el organismo acumulaba adeudos por MXN$ 814.9 millones correspondientes a municipios, organismos operadores de agua, sistemas DIF y otros entes públicos.
Además, el Informe de Resultados 2024 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reveló que 34 ayuntamientos mantenían un saldo histórico de MXN$ 486.1 millones con el instituto.
Entre los casos más relevantes se encuentran Toluca, que liquidó en febrero de 2026 un adeudo superior a MXN$ 600 millones acumulado entre 2020 y 2024, y Ecatepec, que aprobó el pago de más de MXN$ 28 millones por cuotas omitidas.
Información periodística sobre el ISSEMyM ha documentado que el organismo enfrenta problemas financieros acumulados desde hace varios años.
Entre las principales afectaciones se encuentran los retrasos en los procesos de jubilación, que en algunos casos pueden extenderse durante varios años pese a que la legislación contempla plazos menores para su resolución.
La situación también ha derivado en movilizaciones y protestas de pensionados y jubilados que reclaman el pago oportuno de sus prestaciones y una solución a los problemas financieros del instituto.
Especialistas han advertido que, sin reformas que fortalezcan la viabilidad financiera de los sistemas pensionarios, las presiones sobre el pago de pensiones podrían agravarse en los próximos años.
Mientras algunos pensionados enfrentan errores administrativos que suspenden sus ingresos y otros esperan durante años la resolución de sus trámites, especialistas coinciden en que el reto de garantizar pensiones oportunas y sostenibles seguirá siendo uno de los principales desafíos para los sistemas de seguridad social del país.
