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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, desestimó prácticamente todas las reclamaciones de la empresa Vulcan Materials contra México, ocho años después de que inició un conflicto entre la administración federal y la empresa dedicada a la extracción de piedra caliza en Cancún, Quintana Roo.
Este caso tiene siete años en los tribunales e inició en 2019, cuando la empresa se enfrentó con autoridades mexicanas por restricciones aplicadas a Calica, la operadora de una cantera y una terminal portuaria cerca de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano.
Para mayo de 2022, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) suspendió las actividades de extracción, al acusar a la compañía de daños ambientales y de operar fuera de los permisos concedidos.
La empresa respondió y dijo que las acusaciones eran falsas, al asegurar que las medidas mexicanas vulneraron sus derechos como inversionista. Asimismo, Vulcan dijo que el tribunal internacional “determinó que México violó el TLCAN en varios aspectos”.
Para septiembre de 2024, el gobierno declaró área natural protegida los terrenos vinculados al proyecto, que incluyó la cantera y la terminal portuaria de la empresa, una decisión que la compañía calificó como una expropiación de hecho y prometió impugnar.
Resultado del caso
Casi siete años después, el CIADI desestimó casi todas las reclamaciones presentadas por Vulcan Materials.
La Secretaría de Economía señaló que el fallo final fue emitido en el arbitraje promovido por Vulcan Legacy LLC ante el bajo las disposiciones del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En un comunicado, la dependencia señaló que el tribunal únicamente aceptó una reclamación vinculada con la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica) en enero de 2018, una medida que representa menos del 1% del monto originalmente exigido por la compañía de más de u$s1,700 millones.
En respuesta, la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard dijo que analiza detalladamente la decisión para determinar las acciones legales disponibles y reiteró su compromiso con la inversión extranjera que “trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente”, así como con el respeto a las reglas de los tratados internacionales.