

Desde el 2026, Telmex enfrenta un significativo revés judicial que repercute de manera directa en Carlos Slim, el multimillonario propietario del conglomerado al que pertenece esta empresa de telecomunicaciones, en un contexto de discusión sobre el espacio público y sus obligaciones históricas.
Se mantiene vigente la resolución de una cláusula en el título de concesión que impone a Telmex la obligación de conservar casetas telefónicas operativas, a pesar de que la gran mayoría de ellas se encuentra en desuso. Este fallo, por el momento, detiene cualquier intento unilateral de retiro en la Ciudad de México, provocando así las reacciones de Carlos Slim.

La concesión que ha condicionado a Telmex desde 1990
Según diversas fuentes, se establece en la modificación al título de concesión de Telmex firmada en agosto de 1990, la obligación de instalar y mantener casetas públicas, una condición que persiste a pesar de los avances tecnológicos. Esto origina un debate paralelo: ¿son realmente útiles y necesarias las casetas públicas?
La empresa explica que muchas cabinas telefónicas continúan en la vía pública no debido a decisiones comerciales, sino gracias a exigencias regulatorias. En diversas ocasiones, los directivos han señalado que la norma les impide reducir el número sin contar con la autorización expresa del regulador.
La base legal del conflicto se encuentra en la modificación del título de concesión de Telmex firmada en agosto de 1990.
El reclamo de Slim y la respuesta oficial
Carlos Slim ha afirmado en diversas ocasiones que Telmex ha solicitado durante años el permiso necesario para retirar teléfonos que ya no se encuentran en producción ni cuentan con soporte técnico. En sus intervenciones, el empresario ha señalado que la compañía posee cientos de miles de dispositivos debido a mandatos legales.
“Hemos estado solicitando al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, que nos permita retirar los teléfonos públicos que ya no se fabrican y contamos con 500 mil teléfonos distribuidos por toda la nación. No se nos ha autorizado disminuir dicha cantidad”, manifestó Slim en una rueda de prensa al comienzo del año 2025.
No obstante, con la eliminación del IFT y la transferencia de funciones a nuevas autoridades, el Congreso de la Ciudad de México ha progresado hacia un modelo en el que el retiro será gestionado por el Estado. Esta decisión judicial fortalece la postura de que Telmex no puede proceder por su propia iniciativa.













