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Claudia Sheinbaum confirmó que enviará una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución Política con el objetivo de establecer un tope a las pensiones de exfuncionarios de alto mando en organismos públicos.
La propuesta, presentada en conferencia junto a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, busca limitar jubilaciones consideradas excesivas dentro de empresas y entidades del Estado. Según explicó el gobierno federal, la medida no afectará a pensionados del IMSS ni del ISSSTE, ni a trabajadores sindicalizados con contratos colectivos.
El alcance de la reforma se centra en exdirectivos y personal de confianza de instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinta Luz y Fuerza del Centro y organismos de la banca de desarrollo.
El escándalo que nadie quería ver: pensiones de hasta un millón de pesos mensuales en empresas públicas
Para entender por qué esta reforma llegó ahora, hay que mirar los números con calma. La extinta Luz y Fuerza del Centro fue liquidada hace 16 años. Ya no existe como empresa operativa. Sin embargo, el gobierno mexicano sigue pagando cada mes las pensiones de 14 mil 73 ex trabajadores de esa entidad, con un costo anualizado que supera los 28 mil millones de pesos. De ese universo, 9 mil 457 ex funcionarios de confianza reciben pensiones de entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, dinero que sale directo del presupuesto público.
La presidenta lo planteó en términos que cualquier ciudadano puede entender: alguien que trabajó 20 años en una empresa del Estado y hoy cobra un millón de pesos por mes en pensión. Mientras tanto, la pensión más alta del ISSSTE apenas llega a 35 mil 193 pesos, y la del IMSS a 89 mil 685 pesos. La brecha no es solo económica. Es un problema de justicia que el sistema había normalizado durante décadas.
Petróleos Mexicanos no se queda atrás. En Pemex hay 544 pensionados que reciben mensualmente más de lo que gana la propia presidenta, con un costo anual de mil 827 millones de pesos. Si se amplía el criterio, hay 618 casos donde cada pensión supera el ingreso anual bruto del director general de la empresa, y mil 96 casos que están por encima del techo salarial máximo del tabulador vigente de Pemex. En promedio, sus pensionados reciben hasta 39 veces más que el promedio nacional.
En la Comisión Federal de Electricidad el panorama es aún más amplio: 2 mil 199 personas pensionadas superan el ingreso neto de la titular del Ejecutivo, lo que representa un gasto de 4 mil 496 millones de pesos anuales. Y si se suman los casos de la banca de desarrollo, el cuadro se completa con nueve pensionadas de Nafin que cuestan 16 millones de pesos al año, 19 de Banobras por 37 millones, y 22 de Bancomext por 45 millones anuales.
Qué propone exactamente la reforma al artículo 127 constitucional y a quién afecta
La iniciativa se trata de una reforma del artículo 127 de la Constitución Política. En términos concretos, propone establecer un límite máximo para las pensiones y jubilaciones de exfuncionarios de alto mando de confianza en empresas públicas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo.
El techo que se propone es claro: ninguna de esas pensiones podrá superar el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Traducido a pesos, eso equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales. Una cantidad que, en el contexto del salario promedio en México, sigue siendo más que digna, pero que representa una reducción drástica frente a los montos actuales.
La consejera jurídica de Presidencia, Estela Damián, explicó que el principio rector de la reforma es la austeridad republicana, el humanismo mexicano y la responsabilidad financiera. No se trata, aclaró, de un ataque al sistema de pensiones en general, sino de una corrección a una anomalía que se fue construyendo durante años dentro de estructuras del Estado que operaban con lógicas propias, alejadas del escrutinio público.
De aprobarse, el gobierno estima un ahorro anual de 5 mil millones de pesos, recursos que serían redirigidos a programas sociales de bienestar. La propia presidenta puso su caso sobre la mesa como ejemplo de contraste: cuando ella deje el gobierno, se jubilará con su pensión del ISSSTE, que calculó en un máximo de 30 mil pesos mensuales. “Comparado con lo que ganan muchos mexicanos, es una pensión muy digna”, afirmó.
Qué queda fuera de la reforma: trabajadores sindicalizados, IMSS, ISSSTE y ministros
Primero y más importante: la reforma no toca las pensiones del IMSS ni las del ISSSTE. Los derechohabientes de ambas instituciones no verán ningún cambio en sus jubilaciones. Tampoco se modifican las pensiones o jubilaciones previstas en condiciones generales de trabajo, es decir, las que están respaldadas por contratos colectivos de sindicatos. Los trabajadores de base de empresas como Pemex o CFE que se jubilan bajo sus contratos colectivos no están incluidos en esta iniciativa.
Otro punto relevante es que la reforma no tendrá efecto retroactivo. Quien hoy está cobrando un millón de pesos seguirá cobrando ese monto hasta que la reforma entre en vigor, en caso de aprobarse. A partir de entonces, las nuevas pensiones que se otorguen deberán ajustarse.
Finalmente, la reforma tampoco incluye las pensiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un punto que no pasó desapercibido en el debate público y que varios analistas ya señalan como una de las aristas pendientes en la conversación sobre privilegios en el Estado.
Lo que sí cambia, y de fondo, es el principio constitucional que durante décadas permitió que estas pensiones existieran sin techo ni contrapeso. Si el Senado aprueba la iniciativa, quedará establecido en la Carta Magna que ningún exfuncionario de alto mando del sector paraestatal podrá retirarse con más de la mitad del sueldo de la presidenta.