La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que ningún servidor público podrá destinar los recursos del erario público para impugnar o pagar multas que les hayan sido atribuidas a título personal, incluso cuando se origen del incumplimiento de una sentencia de amparo. El criterio establece que dichas penalidades deben pagarse con el patrimonio propio del funcionario. Esta postura quedó firme tras la resolución de la Contradicción de Criterios 175/2025, asunto mediante el cual el Máximo Tribunal fijó un criterio de carácter obligatorio que deberá ser acatado por todos los órganos jurisdiccionales del territorio nacional. Como se mencionó, el Máximo Tribunal decidió que cuando una multa se impone de manera personal a un funcionario por no cumplir con una sentencia de amparo, la responsabilidad es exclusivamente de quien incurrió en la falta. De esta manera, el uso de cualquier recurso que se utilice para resolver la situación deberá ser de carácter propio y privado. En México, los recursos públicos son todos los ingresos, fondos y bienes que capta el Estado -principalmente a través de impuestos, contribuciones y ventas- con el objetivo de financiar el gasto público, satisfacer las demandas colectivas, mantener la administración y fomentar el desarrollo de la nación. La decisión de la Suprema Corte se basa en el principio constitucional de legalidad -que establece que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la ley- y en la prohibición de desviar los recursos públicos a fines personales. Tal como menciona la Constitución Política, los recursos públicos son bienes del Estado, que están destinados a satisfacer necesidades colectivas. Por ende, su uso para fines personales es considerado ilícito, constituyendo malversación o corrupción. Entre las consecuencias por desviar los recursos públicos para fines personales en México, se encuentran: Las multas por incumplimiento de sentencia de amparo son sanciones económicas que se imponen a las autoridades que no obedecen una resolución dictada dentro de un juicio de amparo. Una sentencia de amparo es la resolución final que emite un juez federal después de concluir el proceso. En ella se determina si: Cuando el juez concede el amparo, la autoridad responsable está obligada a cumplir en los términos exactos establecidos.