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En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, estableció que todas las personas privadas de la libertad podrán promover un amparo directo para exigir mejores condiciones de internamiento, sin necesidad de agotar otros recursos legales previos.
El fallo de la SCJN no implica la liberación automática de reclusos, sino que garantiza el acceso inmediato a la justicia cuando se vulneren derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, en especial en casos relacionados con falta de atención médica o condiciones indignas.
“Cualquier persona privada de la libertad podrá promover amparo indirecto sin necesidad de agotar otros medios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando busque mejorar sus condiciones de internamiento”, señaló la Corte en su comunicado No. 261/2025.
Un nuevo criterio de protección para quienes están en prisión
La Nueva SCJN fijó un criterio obligatorio que fortalece la tutela judicial de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad en prisión, al reconocer que el Estado tiene control total sobre sus derechos y condiciones de vida.
Este fallo se originó a partir de dos casos en Chiapas y Coahuila, donde personas encarceladas no recibieron atención médica adecuada, pese a órdenes judiciales. Ante el incumplimiento, la Corte determinó que el amparo puede ser el medio más eficaz para garantizar sus derechos.
La Suprema Corte prioriza el acceso a la justicia y la salud
Según el comunicado, el Máximo Tribunal busca que el acceso a la justicia sea sencillo, rápido y efectivo, evitando que los procedimientos burocráticos impidan la atención urgente de casos relacionados con la salud física o mental de las personas internas.
El criterio refuerza que las autoridades judiciales deben vigilar activamente el cumplimiento de las resoluciones en los centros penitenciarios, asegurando que las condiciones de reclusión sean dignas y que las personas reciban los tratamientos médicos necesarios.
La resolución tiene un fuerte impacto judicial y social, pues buscar modificar el equilibrio del sistema penitenciario mexicano, al facilitar que los internos acudan directamente al amparo sin filtros previos.
Este cambio en favor de los derechos de los presos, podría aumentar la carga judicial y generar preocupación entre víctimas y familiares que temen dilaciones en la ejecución de sentencias.
