La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso decisivo para legislar sobre el vacío legal que rodea a la gestación sustituta (comúnmente conocida como vientre de alquiler) en la Ciudad de México. Ante la ausencia de leyes locales específicas, el Máximo Tribunal estableció que las diligencias de jurisdicción voluntaria son la vía legal correcta para validar estos acuerdos. Este criterio, que ahora es obligatorio, busca evitar que las familias queden en un limbo jurídico. A partir de ahora, cuando exista un acuerdo de gestación ratificado ante notario, un juez podrá verificar su contenido y ordenar al Registro Civil la expedición inmediata del acta de nacimiento del menor, reconociendo el vínculo con sus padres intencionales. La resolución del Tribunal Pleno no solo facilita los trámites, sino que impone una supervisión judicial estricta. La labor del juez no será resolver un pleito entre partes, sino actuar como un vigilante de la legalidad para prevenir casos de explotación o violencia reproductiva. Para que un acuerdo sea válido, las autoridades deberán confirmar: En caso de que el juez detecte riesgos de explotación o falta de consenso, tendrá la facultad de negar la validación y dar aviso inmediato al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El principal argumento de la SCJN es que la falta de regulación legislativa no puede ser una excusa para vulnerar derechos humanos. Con este fallo, se prioriza el interés superior de la niñez, asegurando que el recién nacido cuente con una identidad y protección jurídica desde el primer minuto de vida. Este avance representa un alivio para los padres intencionales en la capital del país, quienes ya no dependen de la voluntad de las oficinas del Registro Civil, sino de un procedimiento judicial claro que garantiza la certeza jurídica tanto para los padres como para las personas gestantes.