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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comunicó recientemente un fallo que cambia de una vez y para siempre la manera en que se definen cargos claves, como los judiciales.
La resolución no sólo invalida una parte de una norma que establecía la manera y los tiempos en los que se podía acceder, sino que también envía un mensaje claro sobre independencia judicial. El impacto va más allá de un estado y vuelve a poner sobre la mesa el rol de la Constitución federal como piso mínimo.
Suprema Corte e independencia judicial: qué parte de la norma fue invalidada
La Suprema Corte invalidó una porción del artículo 83, fracción VI, de la Constitución de Nayarit. Esa disposición exigía solo 90 días de separación para quienes hubieran ocupado cargos políticos y aspiraran a ser magistrados o jueces del Tribunal Superior de Justicia.
Para el Pleno, ese plazo resulta insuficiente para proteger la independencia judicial frente a presiones o influencias políticas. La Corte recordó que el artículo 116 de la Constitución federal establece un estándar mínimo de un año de separación del cargo.
En ese sentido, determinó que el Congreso de Nayarit no tenía facultades para reducir ese periodo sin afectar principios como la división de poderes, la supremacía constitucional y el derecho de acceso a la justicia. La consecuencia fue directa: la porción normativa quedó invalidada.
¿Cuáles son los efectos inmediatos de la nueva decisión?
Además de anular la expresión cuestionada, la Suprema Corte ordenó al Congreso local modificar la Constitución estatal para adecuarla al parámetro federal. El objetivo es garantizar que el plazo de un año quede claramente establecido.
Mientras esa reforma no se concrete, la Corte advirtió que se aplicará de manera directa el plazo previsto en la Constitución Política Federal. Es decir, ningún aspirante que haya ocupado ciertos cargos políticos podrá acceder a la judicatura local sin cumplir ese requisito temporal.
La resolución refuerza la idea de que los estados no pueden flexibilizar normas que comprometan la independencia judicial. También sienta un precedente relevante para otros congresos locales con disposiciones similares.
Otro fallo de la Corte: la búsqueda por la credibilidad de la población
Esta resolución se suma a otras decisiones recientes del Máximo Tribunal que apuntan a fortalecer la credibilidad institucional. En paralelo a los fallos constitucionales, la Corte también ha tomado medidas administrativas vinculadas al uso responsable de recursos públicos.
Tal como ocurrió con la determinación de no utilizar vehículos blindados de lujo y reasignarlos conforme a criterios de riesgo, el mensaje es consistente: autonomía judicial, límites claros a la política y coherencia interna.
