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El sistema financiero en México experimentará un cambio significativo este año, por lo que todos los usuarios deberán estar debidamente preparados. A partir del 1 de julio de 2026, todas las instituciones bancarias del país aplicarán un esquema de verificación reforzada para operaciones de alto monto en efectivo.
La medida, impulsada por la Asociación de Bancos de México (ABM) y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), contempla revisiones adicionales en cualquier depósito o retiro que supere un límite determinado. El objetivo será fortalecer los controles internos, prevenir irregularidades y reforzar la transparencia en los movimientos financieros de alto valor.
Identificación biométrica: El estándar revolucionario en atención al cliente
Ya no será suficiente presentar su identificación oficial vigente (INE o pasaporte). Los bancos ahora integrarán validaciones tecnológicas avanzadas para proteger su cuenta contra fraudes y suplantación de identidad. Entre los cambios más significativos se encuentran:
- Datos Biométricos: Se requerirá el registro de huella dactilar o reconocimiento facial al momento de la transacción en sucursal.
- Validación en Tiempo Real: El sistema cotejará sus datos con las bases oficiales para autorizar el movimiento de forma instantánea.
- Cuentas Referenciadas: Todo depósito masivo deberá estar plenamente rastreado, eliminando la posibilidad de operaciones anónimas.
transferencias electrónicas (SPEI)
no están sujetos
Consecuencias de negarse a entregar tus datos
La normativa es rigurosa: si un usuario intenta llevar a cabo una operación que exceda el umbral de los 140 mil pesos y no presenta su identificación o se opone a la validación biométrica, el banco tendrá la obligación legal de bloquear la transacción.
El movimiento será registrado como una operación no concluida y el cliente deberá reprogramar el trámite una vez que cumpla con todos los protocolos de seguridad. Según la ABM, esta medida no tiene como objetivo fiscalizar de manera punitiva, sino proteger el patrimonio de los ahorradores y alinear a México con los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero.