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Las acusaciones desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, elevaron la tensión bilateral y presionarían la relación comercial en el marco del T-MEC, aunque el impacto para la economía mexicana y la confianza de los inversionistas sería acotado, de acuerdo con Álvaro Vértiz, analista privado y country head de DGA Group.
El especialista señaló que el efecto financiero dependerá en gran medida de la forma en que se gestione el caso desde el gobierno mexicano, particularmente en términos de transparencia y manejo institucional.
“Yo creo que si esto se maneja desde un punto de vista de madurez política, transparencia y una buena administración del tema, el riesgo va a ser muy contenido”, afirmó durante una entrevista con El Cronista.
Transparencia definirá el costo económico
Indicó que, si bien este tipo de señalamientos puede generar ruido en los mercados y afectar la percepción del país, el daño económico sería limitado si se evita la politización del caso.
“Si se ignora, se politiza, si no se responde con transparencia, creo que el costo será mayor”, advirtió.
Sinaloa enfrenta presión crediticia tras el caso
En este contexto, S&P Global Ratings colocó la calificación crediticia del Estado de Sinaloa en Revisión Especial Negativa, al advertir que su entorno de financiamiento podría volverse más desafiante tras los acontecimientos recientes.
La agencia señaló que eventuales restricciones en el acceso a crédito bancario representarían un riesgo adicional para la liquidez de la entidad, la cual ya evaluaba como “menos que adecuada”, en un escenario de mayor incertidumbre sobre su capacidad de financiamiento.
Asimismo, indicó que el anuncio de autoridades estadounidenses elevó la incertidumbre sobre el acceso a fuentes de financiamiento del estado, lo que podría impactar su desempeño presupuestal y su administración financiera en los próximos meses.
Banca mantiene bajo riesgo por controles regulatorios
En materia de sistema financiero, Vértiz descartó riesgos relevantes para la banca, al señalar que existen mecanismos regulatorios que reducen la exposición ante este tipo de escenarios.
Explicó que las instituciones financieras operan bajo estrictos controles en materia de prevención de lavado de dinero y realizan revisiones constantes de listas internacionales, lo que permite mitigar riesgos operativos.
“Las instituciones financieras lo que tienen que hacer es estar cumpliendo con las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero y correr las listas OFAC para no estar ligadas a personas con las que no deben relacionarse”, detalló.
Mayor vigilancia financiera ante posible intervención de OFAC
En este contexto, el analista financiero y politólogo Mario Di Costanzo señaló que autoridades estadounidenses habrían solicitado información financiera a través de mecanismos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que podría elevar la vigilancia sobre movimientos de actores políticos y detonar riesgos de cumplimiento para el sistema financiero.
Este tipo de procesos implicaría que bancos y otras entidades refuercen sus controles para evitar vínculos con personas potencialmente sancionadas, en un entorno de mayor escrutinio internacional.
T-MEC, el principal foco de presión
A nivel macroeconómico, el principal foco de riesgo se concentra en la relación con Estados Unidos, particularmente en el acuerdo comercial, donde el caso podría añadir presión a las negociaciones bilaterales.
“Esto va a presionar de manera importante todo el tema del T-MEC y la negociación con los americanos”, señaló Vértiz.
El especialista subrayó que será clave mantener un manejo institucional del caso y una relación madura con el gobierno estadounidense para evitar mayores afectaciones.
“Debe tomarse esto con muchísima institucionalidad, madurez política y relacionamiento maduro con Estados Unidos”, sostuvo.
De acuerdo con los especialistas, aunque el caso incrementa el ruido político y reputacional, el sistema financiero mexicano mantiene condiciones para absorber el impacto, siempre que prevalezca la transparencia y el cumplimiento regulatorio.