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A partir de 2028, los trabajadores del ISSSTE que se encuentren en el régimen del décimo transitorio podrán jubilarse antes de los 55 años. Sí, la medida llegó gracias a un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum donde las mujeres podrán retirarse desde los 53 años y los hombres desde los 55, siempre que cumplan con 28 y 30 años de servicio, respectivamente.
Este cambio aplicará únicamente a quienes, tras la reforma del ISSSTE de 2007, decidieron permanecer en el sistema anterior al de cuentas individuales. Actualmente, este grupo representa cerca del 90% de los trabajadores del Estado que estaban activos antes de abril de 2007. Lo cual generó controversias y el inminente rechazo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, que calificó la medida como desigual e "injusta".
¿Por qué se considera una medida desigual y costosa?
Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, advirtió que esta reforma "es profundamente injusta" ya que establece una diferencia de hasta 12 años en la edad de retiro entre quienes están en el régimen del décimo transitorio y quienes cotizan en Afores.
"Habrá trabajadores del Estado que podrán jubilarse a los 53 años, mientras que otros, que tienen Afores, deberán esperar hasta los 65. Es una diferencia brutal e injustificada", señaló.
Por otra parte, Ramírez subrayó que el mayor impacto financiero se sentirá a partir de 2030, cuando empiece a jubilarse la mayoría de los beneficiados, lo que generará un costo estimado de entre 30,000 y 40,000 millones de pesos anuales.
¿Por qué se firmó este decreto y qué cambios detiene?
El decreto también congela el incremento progresivo en la edad de jubilación que estaba previsto culminar en 2028. "El cambio representa, en todo el periodo, un monto adicional como de 80,000 millones de pesos", aseguró Claudia Sheinbaum, aunque sin precisar el lapso exacto. En tanto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, estimó un costo fiscal de 36,000 millones de pesos solo durante el sexenio actual.
Carlos Ramírez criticó la motivación detrás del decreto, asegurando que no se trata de una política pública planeada: "Es una respuesta a la presión de la CNTE, no una decisión evaluada técnicamente". La firma ocurrió días después de las protestas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México.
