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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, informó que 13 casinos fueron incorporados a la lista de personas morales bloqueadas debido a presuntas operaciones vinculadas con lavado de dinero. La investigación se realizó en conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Según el comunicado oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF detectó flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas no supervisadas. Las operaciones se vinculan a tipologías internacionales de ocultamiento y reinserción de recursos ilícitos.

La dependencia subrayó que esta medida busca proteger a los usuarios y prevenir que el sector de apuestas sea utilizado por grupos delictivos, en cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.

Tras el anuncio del Gobierno de México sobre esta lista negra de los casinos vinculados al lavado de dinero, el Grupo Salinas salió al contraataque y se defendió de forma contundente, pues varios de sus casinos figuran en la investigación
Tras el anuncio del Gobierno de México sobre esta lista negra de los casinos vinculados al lavado de dinero, el Grupo Salinas salió al contraataque y se defendió de forma contundente, pues varios de sus casinos figuran en la investigaciónShutterstock

Los estados donde operaban los casinos señalados

De acuerdo con el comunicado de Hacienda, los establecimientos se ubican en ocho entidades del país, y varios mantienen conexión con plataformas digitales extranjeras.

  • Jalisco – Casino Riviera, Casino Real de Guadalajara
  • Nuevo León – PlayWin Monterrey
  • Sinaloa – Casino del Pacífico
  • Sonora – Golden Desert Hermosillo
  • Baja California – Baja Slots Mexicali
  • Estado de México – Casino Imperial
  • Chiapas – Lucky Palace Tuxtla
  • Ciudad de México – Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca (Grupo Salinas)

Hacienda indicó que las operaciones se relacionan con transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y el uso de intermediarios sin capacidad económica comprobada.

Las plataformas digitales también bajo investigación

La UIF identificó el uso de plataformas digitales no registradas en México que operaban con perfiles falsos y transferencias fraccionadas. Según el reporte, algunos usuarios eran amas de casa, estudiantes o jubilados que servían como intermediarios financieros.

Estas operaciones, de acuerdo con la dependencia, “facilitaban la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos, simulando ganancias obtenidas en juegos en línea”.

Por este motivo, Hacienda presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para profundizar en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.

La medida se enmarca dentro del fortalecimiento de la cooperación internacional con la OFAC y FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en acciones conjuntas para impedir que plataformas de apuestas sean utilizadas por organizaciones criminales.

Estalla la polémica de los casinos en México
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Grupo Salinas rechaza las acusaciones y denuncia persecución política

Tras conocerse la inclusión de sus empresas Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V. en la lista de entidades investigadas, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que calificó la medida como “un acto autoritario e infundado”.

“En Grupo Salinas siempre hemos sido respetuosos de la ley... cumplimos cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativos aplicables al sector”, señaló el texto difundido por la compañía.

El consorcio sostuvo que las acciones impulsadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la UIF representan “una persecución de Estado” dirigida contra su presidente, Ricardo Salinas Pliego, y advirtió que se trata de un intento de “intimidar y distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país”.

No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, concluye el comunicado, en el que el grupo insiste en que demostrará la legalidad de sus operaciones ante cualquier instancia competente.